Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico analizan con cautela el proyecto de ley del Gobierno para reformar la administración de las cárceles del país.
Los criterios surgieron luego de que la mañana de este jueves, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, y otros altos mandos de este Ministerio, expusieran a los congresistas sus razones para que aprueben el expediente 23.688, llamnado Ley del Sistema Penitenciario Nacional, presentado en la Asamblea Legislativa el 19 de abril por el Poder Ejecutivo.
El texto contiene 141 artículos que, en criterio del Gobierno, llenarían un vacío legal en la ejecución penal, la cual ha sido administrada por medio de normas de menor rango que una ley.
La exposición de motivos del proyecto de ley indica que Costa Rica “no cuenta con un instrumento que defina los alcances de la ejecución penal, las competencias y organización del Sistema Penitenciario Nacional para ejercer dicho fin”.
Este lunes, Campos expuso que en un análisis interno concluyeron que en los últimos años no se ha invertido en el sistema penitenciario, y aseguró que las 17 cárceles que existen están todas en mal estado.
“Estamos recibiendo legislaciones que han dado un poquito de poder de acción a los cuerpos policiales que ha implicado el incremento de los privados de libertad, pero no se ha robustecido el sistema de inserción de estos privados de libertad, no había un adecuado engranaje en el funcionamiento, desde el momento en que la persona entra, hasta que sale”.
“El fin del sistema penitenciario no es guardar a las personas en una jaula, es lograr que se inserten nuevamente”, indicó el jerarca.
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El plan crearía varios órganos nuevos para la administración de las cárceles, como el Consejo de la Policía Penitenciaria, encargado dictar, analizar y actualizar la política penitenciaria; el Consejo Directivo, encargado de ejecutar la política penitenciaria; y el Consejo Técnico Penitenciario, el cual definiría la política de atención técnica a los privados de libertad.
También se crearía la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, la cual sería “la autoridad responsable de la ejecución, supervisión y correcta aplicación de la política penitenciaria, la máxima jerarquía gerencial y administrativa del Sistema Penitenciario Nacional”. De igual manera, se definirían medidas disciplinarias para los privados de libertad.
Otras de sus principales propuestas serían la derogación de la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social y la reforma de 13 artículos del Código Penal, para que esta norma mencione al Consejo Técnico Penitenciario en lugar del Instituto de Criminología.
El texto detalla que este sistema sería financiado con el Presupuesto Nacional, por ser parte del Ministerio de Justicia y Paz.
‘Hay que revisarlo con mucho cuidado’
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, del Partido Nueva República, señaló a La Nación que este proyecto tiene un enfoque más administrativo, comparado con el plan de Ejecución de la Pena presentado el lunes por el Poder Judicial, que engloba la parte jurisdiccional.
No obstante, Navas indicó que el plan del Gobierno “hay que revisarlo con mucho cuidado” porque algunas atribuciones que le dan a los órganos del Ministerio de Justicia podrían rozar la parte jurisdiccional. Por ejemplo, ambos expedientes incluyen derechos y deberes de los privados de libertad.
“Ahí es donde tenemos que coordinar y posiblemente usar este (texto) como base, pero el principal va a ser el proyecto de la Corte”, indicó la diputada.
Por su parte, el diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró que hay que determinar cuáles de todos los órganos que la iniciativa del Gobierno buscar crear son realmente necesarios. Asimismo, manifestó que las leyes no deberían ser tan rígidas y amplias al otorgar obligaciones a las instituciones.
La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, también mostró recelo ante la propuesta del Poder Ejecutivo, y señaló que Campos no expuso datos suficientes para despejar las dudas de su fracción.
“La comparecencia fue bastante escueta, en ningún momento hizo una referencia al proyecto de manera concreta, únicamente cuando se le preguntó y las respuestas no fueron tan aterrizadas como nos hubiese gustado. Creo que tendremos que seguir pidiendo criterios un poco más formales, y recibiendo a otras instituciones que nos puedan esclarecer el norte de este proyecto y la pertinencia que tiene”, declaró Vindas.