La directora de la Defensa Pública del Poder Judicial, Marta Iris Muñoz, considera que el país debe retomar la pena máxima de 25 años de cárcel.
“No solo obedece a una política criminal coherente y respetuosa de los derechos humanos, sino que también contribuye a disminuir el problema de hacinamiento en nuestro sistema penitenciario, que hoy implica un trato cruel y degradante”, indicó la jerarca.
Muñoz señaló que, incluso, en noviembre del año pasado la Comisión Interinstitucional sobre Hacinamiento Carcelario acordó pedirle al Poder Legislativo impulsar un proyecto de ley para bajar la cantidad máxima de años; sin embargo, no se logró consenso sobre la cifra final.
La comisión está formada por magistrados, ministros, representantes de la Defensa Pública, de la Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como por jueces de Ejecución de la Pena y miembros de institutos vinculados al tema.
Muñoz consideró que el tope en 50 años “en el caso de las personas adultas mayores, prácticamente es una pena perpetua”.
La jefa de Defensa enfatizó que se trata en todo caso de ofrecer al infractor diversas posibilidades que le faciliten un proceso de socialización real, donde pueda recuperar y desarrollar sus potencialidades humanas”.
“La desocialización y el daño físico y psicológico que se ocasiona a una persona después de muchos años de vivir en prisión, es irreversible (...). El privado de libertad no podrá reinsertarse a una familia, tener acceso a un trabajo digno o relacionarse socialmente”, finalizó.