Defensa alega 'trasfondo político' en acusación contra Ofelia Taitelbaum

Abogado consideró que la acción penal carece de elementos probatorios

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

La acusación contra la exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, como sospechosa de 104 delitos, tiene un "trasfondo político".

Así lo afirmó el abogado José Fabio Oconitrillo Tenorio, defensor de la exfuncionaria, al iniciar este martes, en el Juzgado Penal de Goicoechea, una audiencia para determinar si este proceso penal es elevado a juicio.

"Si se valora integral y jurídicamente, aquí no hay caso. Lo que este servidor, desde el comienzo, ha venido manifestando, es que ha sido un proceso de naturaleza política, y hoy en día, desafortunadamente, con el gran cisma que tiene el Ministerio Público, a doña Ofelia la quieren tomar como el pato de la fiesta", advirtió Oconitrillo.

"Si yo agarro todas las pruebas que hay en este expediente y procuro darles un entendimiento jurídico, realmente no lo encuentro (el caso). (...) Creo que lo razonable del Ministerio Público aquí hubiera sido proponer una negociación, una forma, si se quiere decorosa, de finalizar este proceso", agregó.

Lea: OIJ investiga sociedades de defensora de los Habitantes

La declaración la brindó el abogado durante un receso de la diligencia judicial, que es privada y deberá terminar este miércoles, aunque es factible que el Juzgado se tome algunos días adicionales para definir si el asunto pasa a debate, se archiva o se devuelve a la etapa preparatoria, por falta de elementos probatorios.

Este proceso penal contra la exfuncionaria arrancó luego de que la costurera María de los Ángeles Otárola Soto, que vive en San Carlos, denunció que sociedades relacionadas con la exdefensora usaron su nombre para presentar declaraciones tributarias.

Esta denuncia se hizo pública en julio del 2014, cuando Taitelbaum llevaba dos meses de su segundo periodo como defensora de los Habitantes. Días después, renunció a su cargo.

Vea: Ofelia Taitelbaum presenta su renuncia irrevocable como Defensora de los Habitantes

Hechos.

Las pesquisas surgieron cuando a María de los Ángeles Otárola le rechazaron, el 7 de enero del 2014, una gestión para asegurarse, la cual fue presentada por un hijo suyo en la oficina de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de Ciudad Quesada. La razón para negarle la gestión fue que ella tenía actividades económicas propias y declaraba impuestos ante la Dirección de Tributación.

Al consultar en Hacienda, le informaron de que, desde el 2004, ella era contribuyente de impuesto sobre la renta, y que le daba “asesoría profesional” a la empresa Inversiones Beyof. Supuestamente, ella tenía "ingresos millonarios".

En la firma Inversiones Beyof aparece como socia Ofelia Taitelbaum. Otárola dijo que conoció a la exdefensora porque había trabajado para ella en el servicio doméstico.

Luego de una investigación que tardó dos años y cuatro meses, el Ministerio Público acusó a la exfuncionaria de 39 delitos de falsedad ideológica; 39 de uso de documento falso; 24 de peculado de uso; y dos de coacción.

Además: Fiscalía acusa a Ofelia Taitelbaum por 104 delitos

Precisamente, este martes, el fiscal Randy Hernández, además de leer la acusación, hizo referencia a las pruebas de índole testimonial y documental.

En esta causa también figura como imputada Ileana Vargas, quien era la contadora de Taitelbaum. Empero, no fue posible conocer cuáles son los delitos que le atribuye la Fiscalía.

En este proceso también el Estado, representado por el procurador penal Miguel Cortés, figura como querellante y está demandando como acción civil resarcitoria ¢15 millones, aunque la cifra podría variar cuando el tema sea analizado en el juicio.

También: Fiscala sancionada por archivar caso Taitelbaum