Defensa alega prescripción de tres denuncias penales contra exsacerdote Mauricio Víquez

Representante legal se mostró cauto respecto a agilizar el proceso de extradición desde México

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El defensor del exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, preso en México ante una gestión de extradición de Costa Rica, alegó que las tres últimas denuncias penales por delitos sexuales presentadas contra su representado están prescritas.

Así lo sostuvo el abogado Rafael Rodríguez Salazar, quien agregó que se trata de hechos cuya acción penal se extinguió y ahora tratan de revivir, luego de que en mayo pasado se reformó el artículo 31 del Código Procesal Penal (CPP).

En la modificación se amplió el plazo para que personas víctimas de delitos sexuales interpongan las denuncias.

"Es claro que hay un hecho que prescribe el 28 de setiembre y la prescripción se suspende con el proceso de extradición. Por ese caso podría (Víquez) estar siendo remitido a Costa Rica.

“En los otros hechos tenemos una diferencia de carácter legal. Creemos que si ya el hecho estuvo prescrito en su oportunidad, porque lo establecía una ley anterior, no podemos revivirlo ahora. Eso crea inseguridad jurídica y va en contra del principio de retroactividad de la ley”, manifestó el litigante.

Contrario a este criterio se pronunció Rodolfo Alvarado Moreno, representante legal de las personas que denunciaron al excura. “Prescrita no hay ninguna. Ni la inicial presentada en octubre del 2018, ni las otras tres denuncias presentadas hace 15 días aproximadamente”, afirmó.

El exsacerdote Mauricio Antonio Víquez, de 55 años, era vocero de la Iglesia católica en asuntos de familia y se le reconocía por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional, pero desde octubre del año anterior se le cuestionó por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores.

La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós, que ahora tiene 27 años.

Luego, en la primera semana de agosto, otros tres hombres de apellidos Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares. Precisamente, estas últimas, en criterio de la defensa del excura, están prescritas.

Sin embargo, para la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, todos los asuntos están vigentes y se agruparán en el expediente 18-000854-0994-PE.

A Víquez se le atribuyen dos delitos de abuso sexual, dos de violación calificada y un delito de corrupción agravada.

Ante la justicia

Antes de ser indagado por estos hechos, Mauricio Víquez escapó del país el 7 de enero anterior, pero el domingo 18 de agosto lo detuvieron en México.

Este lunes, el Ministerio Público comunicó a las autoridades mexicanas que se iniciará un proceso de extradición, con la finalidad de que Víquez enfrente la justicia.

A partir de ese momento, la Fiscalía tiene un plazo de 60 días naturales para presentar toda la documentación necesaria en la cual precise los delitos que tiene pendientes Víquez en nuestro país. Se debe especificar la fecha en que ocurrieron los hechos y explicar los plazos de prescripción.

Al exsacerdote le notificaron este lunes que está detenido por un proceso de extradición y, mientras tanto, permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, del Circuito Javier Piña y Palacios, en Xochimilco, México. Se trata de una cárcel para personas detenidas por razones migratorias.

El abogado Rafael Rodríguez dijo que el excura se mantendrá sin emitir ningún criterio sobre la extradición, hasta que la Fiscalía formalice los cargos.

"Él se mantendrá sin tomar ninguna decisión hasta que no conozca cuáles son las causas. Luego tendrá que ir a una audiencia, con el apoyo legal de un defensor público de México, y ahí indicará si se acoge voluntariamente a la extradición o la rechaza.

"Si se acoge podría estar en Costa Rica en mes y medio, pero si la rechaza debe realizarse todo el proceso judicial que podría tardar entre tres a cuatro meses”, agregó.

Rodríguez dijo que antes de hacer una recomendación a su representado se debe “valorar el cumplimiento de requisitos que prevé el tratado de extradición que Costa Rica firmó con México desde el 2013.

"Hay algunos requisitos que hay que valorar y uno de ellos es la prescripción. Tiene que valorarse no solo a nivel del estado costarricense, sino del estado mexicano. Todo eso hay que analizarlo”.