Criterios particulares inciden en designación de jueces en Costa Rica

Más del 80% de los jueces que se nombran en el país, sin importar el área en la que se especializan, o la complejidad de los temas que atienden, llegan a sus cargos sin tener las calificaciones más altas para el puesto.

La conclusión consta en el más reciente Informe Estado de la Justicia, el cual sostiene que la forma en la que se nombran estos funcionarios en el Poder Judicial afecta las garantías de idoneidad, controles y transparencia que se ofrecen a la ciudadanía, para asegurar una justicia independiente, pronta y cumplida.

“Fue posible llegar a estas conclusiones mediante la revisión de las actas de cada nombramiento efectuado en los últimos cinco años”, refiere el estudio que habla sobre parámetros que no están debidamente normados, a sabiendas de que los procesos de nombramiento en las instituciones públicas constituyen una de las áreas con mayor riesgo de verse afectadas por la corrupción.

Del análisis se desprende que el 87% de los jueces y juezas grado II, que son nombrados por la Corte Plena, así como el 84% de los que tienen grado I, nombrados por el Consejo Superior, llegan a sus cargos sin ser los que tienen la mejor puntuación en la terna.

Quienes los escogen no están obligados a elegir al que posea la mejor calificación, pero sí deberían dejar en actas los criterios por los cuales designaron a una persona en relación con las otras, y eso no ocurre en la actualidad, dice la investigación.

Es ahí donde criterios particulares repercuten más que los mismos conocimientos. Por ejemplo el antecedente de que el aspirante al puesto fue buen estudiante, o si ha tenido estabilidad en sus puestos previos, o aquel que no tiene causas penales o administrativas abiertas y es un buen funcionario o funcionaria.

Aunque para integrar las ternas se debe haber alcanzado las mejores calificaciones entre los aspirantes, una vez que se está en ellas, el puntaje no cuenta. También sucede que a veces los encargados del nombramiento han pedido hasta cuatro ternas distintas para un mismo cargo.

De los 257 concursos analizados para llenar vacantes de juez de categorías 4 y 5, en 73 plazas con designación positiva, se requirieron dos o más ternas para lograr un resultado y de ellas, en 14 plazas se requirieron cuatro o más ternas.

“Al examinar las actas de los dos órganos (Corte Plena y Consejo Superior), no se encontró información sobre las razones que sustentan la selección de personas con nota inferior. No contar con esa información genera porosidad y pone en entredicho la independencia de la judicatura”, detalló el estudio.

Afirman que se está frente a una falta de transparencia tácita del nombramiento que se convierte en uno de los puntos más frágiles del proceso.

El Estado de la Justicia también evidencia la concentración de poder de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la designación de los jueces.

Una de las críticas al sistema indica que en la actualidad es factible encontrar comunicaciones vía correo electrónico entre las personas postulantes incluidas en ternas y algunos magistrados y magistradas. Aunque esa comunicación es permitida, el informe dice que podría repercutir en ciertas relaciones de dependencia interna entre los jueces y quienes les nombran.

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Ante ello, los magistrados y magistradas de la Corte Plena acordaron analizar a fondo las recomendaciones y resultados con la meta de establecer una hoja de ruta y darle garantía a la ciudadanía de que el Poder Judicial emprenderá acciones concretas para mejorar las áreas vulnerables.

Caribe complejo

El circuito que incluye Limón, Talamanca y Matina, es de los más complejos para los nombramientos. Pero también se detectaron más de cuatro ternas durante el quinquenio analizado (2016 y el 2020) en los tribunales de Pococí, Pavas y Santa Cruz.

El foco de mayor complejidad en el tema de la movilidad laboral se concentra en el ámbito penal, donde hay gran dificultad para realizar designaciones. Es ahí donde se solicitan mayoritariamente nuevas ternas y se produce la mayor cantidad de renuncias, si se compara con lo civil, agrario, de familia y otros.

La provincia de Limón presenta las mayores dificultades operativas para gestionar nombramientos de jueces y juezas en razón de su ubicación geográfica. Por ejemplo, tres de las seis designaciones con duraciones más elevadas provienen del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Los funcionarios aducen la necesidad de armonizar sus nombramientos a variables relacionadas con situaciones de tipo personal, familiar y médico.

Aunque en algunas ocasiones se ha dicho que es por el tema de inseguridad de la zona, e incluso años atrás el carro que conducía un juez en Pococí fue baleado, en los expedientes analizados no se puede constatar eso como una razón, afirmó Evelyn Villarreal, una de las investigadoras.

Mucha rotación

Como principal causa aparece el traslado a otros cargos (54%). El el 13% de los funcionarios rotaron más de cuatro veces y el 28%, dos veces, lo que da una idea del movimiento interno en acciones de personal.

Esta movilidad tiene efectos en la calidad e independencia de la justicia, ya que implica dificultades para la especialización de los funcionarios, limita la elaboración de políticas institucionales a largo plazo y provoca un aprovechamiento poco efectivo de los recursos destinados a la capacitación de los jueces en materias de alta complejidad jurisdiccional.

Además, genera que los funcionarios interinos estén más expuestos al riesgo de presiones indebidas, internas y externas. El plazo de las resoluciones y elevación de los casos a juicio también se retrasa si no hay tribunales debidamente integrados.

En el 2020, el Poder Judicial contaba con un total de 12.596 funcionarios y un elevado número de servidores distribuidos en más de 900 oficinas en todo el territorio. Esta cantidad es cuatro veces superior a la de 25 años atrás.

En el último quinquenio analizado en el informe (2016-2020), se crearon 498 nuevos puestos de jueces, en los cuales han sido nombradas 833 personas, de forma temporal o permanente. La apertura del nuevo Juzgado de Trabajo en el 2017, así como el aumento de casos en materia de pensiones y otros inciden en el aumento de jueces.

Entre las recomendaciones del informe se sugiere eliminar la devolución de ternas, por ser una práctica poco transparente que genera dudas sobre lo realizado por los órganos técnicos, revisar y actualizar perfiles así como garantizar los méritos de las personas participantes, la probidad y la prevención de la corrupción.

“Existe una estructura, engorrosa, costosa y atomizada, compuesta por distintas secciones y departamentos que dirigen el proceso de nombramiento. Sin embargo, la Corte Plena tiene todavía incidencia en la decisión final”, dice el estudio.