Un proyecto de ley que plantea pagar recompensas a personas que den información para capturar criminales podría tener roces de constitucionalidad, señaló la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Vargas, este lunes en la Corte Plena.
La magistrada indicó que no está en contra del proyecto, pero alertó que el plan busca darle un rol a Sala Tercera que no le corresponde, al involucrar a un representante de este Alto Tribunal en el manejo y creación de políticas generales del fondo de recompensas, en una Comisión Tripartita junto al fiscal general o a quien este nombre y el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Se les hace ver (a los diputados) lo inconveniente de que en cualquier supuesto involucre un Tribunal de la República en la comisión, porque está justamente integrando a un miembro de la Sala Tercera, que como tal tenemos funciones jurisdiccionales y estamos cubiertos por el principio de imparcialidad”, expuso la magistrada.
Vargas hizo esta afirmación al presentar el informe en el que concluyó que el texto afecta el funcionamiento del Poder Judicial, pues también se plantean modificaciones presupuestarias en la entidad para crear el fondo. Este criterio fue acogido por la Corte Plena, por lo que el proyecto necesitará 38 votos en la Asamblea Legislativa para convertirse en ley.
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Patricia Solano, magistrada presidenta de Sala Tercera, respaldó la posición de Vargas, al explicar que los miembros de la Sala Tercera no deben estar involucrados en labores preventivas.
“Nos trasladarían una responsabilidad de constituir la política criminal del Estado, que es una labor propia del Poder Ejecutivo”, dijo Solano.
¿Qué dice el proyecto?
El expediente 24.088 fue presentado en la Asamblea el 12 de diciembre por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, con el respaldo de diputados del Partido Nueva República, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y Partido Liberal Progresista (PLP).
El artículo 2 del texto propone dar dinero a personas “que brinden información que conduzca a la detención de miembros del crimen organizado y redes de narcotraficantes que operen dentro y/o fuera del en el país y que se encuentren en estado de rebeldía así señalado por un juez competente de la República”.
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Sobre este fragmento del proyecto, la magistrada Vargas sugirió a los diputados precisar el concepto de “redes de narcotraficantes” y en qué se diferenciaría de crimen organizado.
Asimismo, planteó la posibilidad de que el objetivo del proyecto no sea solo perseguir a personas declaradas rebeldes, sino extenderlo a aquellos involucrados en casos de crimen organizado que aún no hayan sido declarado rebeldes.
La magistrada señaló además una falta de coherencia entre los artículos 2 y 10. Mientras el artículo 2 menciona que se persigue a miembros del crimen organizado y de redes de narcotráfico que estén en rebeldía, el artículo 10 establece que el Ministerio Público divulgará el listado de los miembros del crimen organizado más buscados, sin tomar en cuenta si este listado incluye a los miembros de “redes de narcotráfico” y sin mencionar si incluirá solo a quienes estén en rebeldía.
El diputado Gilberth Jiménez aseguró a La Nación que tomará en cuenta el criterio técnico de la Corte Plena para el trámite del proyecto de ley.
“Si la Sala Tercera considera que la participación de uno de sus miembros no es lo conveniente, somos respetuosos de esos criterios, y por supuesto que avalamos y aceptamos cualquier modificación que se pretenda dar o se nos recomiende, tenemos que tener siempre esa apertura”, declaró el legislador.