La Corte Plena designó, este lunes, a los tres integrantes que faltaban de la nueva junta que se encargará de administrar el fondo de pensiones del Poder Judicial.
La escogencia recayó en Carlos Montero Zúñiga, Ingrid Moya Aguilar y Miguel Ovares Chavarría como titulares. Igualmente, se escogieron tres suplentes que son: Parris Quesada Madrigal, Juan Carlos Segura Solís y Rodrigo Arroyo Guzmán.
La junta la componen seis personas titulares, los tres que fueron nombradas por los magistrados, y otros tres que habían sido electos por el colectivo judicial, es decir por las diversas organizaciones gremiales el pasado 11 de octubre.
En aquella ocasión fueron designados como propietarios Arnoldo Hernández Solano, Ana Lucrecia Ruiz Rojas y Mauricio Villalta Fallas y como suplentes Freddy Chacón Arrieta, Mauricio Quirós Álvarez y Alexánder Arguedas Vindas.
Los seis miembros titulares conformarán la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ), la cual entrará a tomar funciones a partir del 1°. de febrero del 2020.
Su función principal es manejar el dinero aportado al fondo de la institución, además de valorar y aplicar las recomendaciones de los estudios actuariales que garanticen la sostenibilidad del régimen.
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En la actualidad la administración del fondo está a cargo del Consejo Superior del Poder Judicial. No obstante, el 28 de abril del 2018 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal para delegar dicha tarea en la nueva junta.
La elección de sus integrantes resultó complicada, debido a que la reforma estableció altos requisitos para los aspirantes. Además, los escogidos no percibirán ningún tipo de remuneración.
A los miembros también se les exige tener cinco años de experiencia en el manejo de fondos de pensiones, así como ser conocedores de las finanzas y de asuntos actuariales.
Aunque la intención de la reforma aprobada por el Congreso era “sanear” las finanzas del fondo, en setiembre pasado transcendió que esta resultó insuficiente, según un estudio actuarial contratado por la misma Corte.
Este informe, del cual tiene copia La Nación, encontró que el régimen de retiro mantiene un hueco actuarial de ¢629.454 millones y que, de no tomarse nuevas medidas, su reserva comenzará a consumirse en el 2036 y se agotará en el 2049.
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El por qué persiste el desequilibrio financiero en el régimen tiene una razón: el peso financiero de las 4.009 pensiones altas otorgadas antes de los cambios legales del año pasado.
¿Qué hacer? El Estudio Actuarial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, contratado a la empresa Proveedor Integral de Precios Centroamérica S. A. (Pipca), plantea, entre otras opciones, reducir de ¢4,4 millones mensuales a ¢2,6 millones el actual tope de pensión máxima.