Coordinadora de Fiscalía señalada por sustraer ¢22 millones tiene amplio expediente administrativo

En los últimos diez años ha afrontado once causas, en cuatro de ellas fue sancionada

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La coordinadora de la Fiscalía de Cañas, de apellidos Bolaños Palacios, afronta desde setiembre no solo un proceso penal por supuestamente sustraer ¢22 millones, sino que también deberá hacerle frente a una causa administrativa en la Inspección Judicial. Sin embargo, esta no será la primera vez que será indagada, pues acumula un amplio expediente administrativo. Según la Inspección Fiscal del Ministerio Público, Bolaños ha sido investigada disciplinariamente once veces del 2011 a la fecha.

Esos procesos son privados, por lo que no se logró conocer mayor detalle de estos. Pero en el acta del Consejo Superior Nº 103 - 2017, de noviembre del 2017, se menciona brevemente que Bolaños fue indagada un año antes por la presunta falta de: “Negligencia en el ejercicio de su cargo al omitir registrar en los controles de evidencias y libro de depósitos las evidencias decomisadas”. Mientras que, por ejemplo, la investigación más reciente es por “Negligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo”, señaló el Poder Judicial.

De todos esos once procesos internos, cuatro terminaron con sanción. Se trata de los expedientes 14-000434-033-IF, 15-000344-033-IF y 19-000069-1821-DI (todos con amonestación escrita) y el 16-000372-033-IF (se le impusieron dos días de suspensión sin goce de salario). En cuanto a los que resultó eximida de responsabilidad; se tiene que son tres: los 11-000258-033-IF, 11-000449-033-IF y 19-000902-031-IJ.

Uno de los procesos (17-000424-033-IF) fue desestimado, mientras que de otros dos no hay información. Es decir, se desconoce cómo terminó porque la Inspección Fiscal aseguró que por incompetencia trasladó el expediente a Inspección Judicial, pero esta última no tiene reporte. Estos últimos son los legajos 15-000439-033-IF (enviado el 30 de setiembre del 2015) y el 19-002847-031-DI (trasladado el 28 de noviembre del 2019).

La causa restante es la que se mantiene activa en este momento por la supuesta sustracción de los ¢22 millones. Se tramita bajo el expediente 21-2779-31-DI y fue abierta de oficio el 17 de agosto del 2021 “producto de una publicación en un medio de comunicación nacional”, informó el Poder Judicial. De momento no se tiene sentencia y este Tribunal tiene hasta un año después de abierto el caso para emitirla.

Además de estas causas detalladas por Inspección Fiscal, en el acta del Consejo Superior Nº 103 - 2017, mencionada anteriormente, se habla de otro expediente (16-001310-0031-IJ) en el que resultó exonerada. Allí se habla de la ratificación del fallo dictado por Inspección Judicial, que declaró sin lugar una queja por negligencia en contra de Bolaños.

Investigación penal por ‘hurtos progresivos’

El caso más reciente comenzó a ser investigado por la la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Liberia, luego de que un análisis determinó que se estaban dando una serie de hurtos progresivos de los dineros decomisados en operativos policiales, especialmente relacionados con el tema de drogas.

Al parecer, Bolaños era la encargada de llevar la custodia de los sobres con la evidencia decomisada y se presume que ella aprovechaba que en ocasiones quedaba sola en la oficina para sustraer pequeñas cantidades de dinero en efectivo. La investigación determinó que podría haber un faltante de ¢22 millones en un lapso de dos años.

Por esos hechos, a principios de setiembre, la mujer fue detenida por ser sospechosa del delito de peculado, el cual castiga con entre tres y doce años de prisión al funcionario que “sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”, según especifica el Código Penal. En paralelo a su detención, las autoridades decomisaron evidencia importante para el caso que se tramita en el expediente 21-000009-1770-PE.

Según confirmó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), a Bolaños se le dictaron las medidas cautelares de suspensión del cargo, prohibición para ir a la Fiscalía de Cañas, salvo casos excepcionales, así como no acercarse, perturbar ni amenazar a los testigos del proceso.