Desde el secuestro y la desaparición de la bebé Keibril Amira García, en Cervantes de Cartago, el pasado 9 de abril, las denuncias por delitos sexuales experimentaron un notable aumento, según lo confirmó Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
Keibril nació producto de la violación de su madre, una adolescente de 13 años, por parte de su padrastro, un sujeto de apellido Casasola, de 33 años. Actualmente, Casasola se encuentra en prisión preventiva como principal sospechoso de sustraer a la bebé y de violar a la adolescente.
La afirmación de Arias está respaldada por las estadísticas del Ministerio Público, pues en abril, mes del incidente, se presentaron 1.308 denuncias por delitos sexuales, cifra que se elevó a 2.384 en mayo. En los siguientes tres meses las denuncias oscilaron entre 2.072, 1.451 y 1.823, respectivamente.
No obstante, los meses de setiembre, octubre y noviembre registraron las cifras más elevadas, con 4.804, 2.391 y 4.090 denuncias. Estos números convierten al 2023 en el año con el mayor número de denuncias por este tipo de delitos, con 23.291 expedientes abiertos hasta noviembre.
El 2022, por ejemplo, concluyó con 14.126 denuncias, precisó la Fiscalía.
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Tras el caso Keibril, diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), presentaron un mayor número de denuncias por delitos sexuales ante el Ministerio Público, según indicó Arias.
“A raíz del mismo caso de la bebé, el fiscal general, Carlo Díaz, ordenó a un grupo de especialistas revisar todas las causas sexuales contra menores que habían sido desestimadas, resultando en la reapertura de muchas de ellas, contribuyendo así al incremento de las denuncias”, explicó Arias.
La experta resaltó que el significativo número de denuncias representa solo “la punta del iceberg” de los delitos sexuales en Costa Rica, ya que la mayoría de estos casos no llega a los tribunales.
“Basada en las encuestas de victimización que se han hecho en el país, la cantidad de personas que han sido víctimas de algún delito sexual, no calza con lo denunciado… Prácticamente más del 50% de la población de mujeres dicen haber sufrido algún delito sexual”, destacó.
Los datos del Poder Judicial revelan que los principales afectados por estos delitos son menores de edad e incapaces, ya que este grupo etario representa dos tercios del total de denuncias por delitos sexuales. Arias afirmó que esta situación se explica en parte porque, en casos de menores, es obligatorio iniciar una investigación. En cambio, cuando la víctima es mayor de edad, la decisión de iniciar o no un proceso penal contra el agresor sexual queda a su elección.
“Tenemos casos en los que las víctimas presentan la denuncia pero luego se niegan a someterse al examen médico forense. Además, hay numerosos turistas que solo optan por la anticoncepción de emergencia y los antirretrovirales ofrecidos, sin iniciar un proceso legal para regresar a su país lo antes posible”, aseguró Arias.
En estos casos, se implementa el Protocolo de las 72 horas, que agiliza los procedimientos tras una violación sexual, garantizando una respuesta más rápida y eficiente.