El Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea confirmó este miércoles que el denominado Caso Cochinilla, que investiga la presunta corrupción en contratos de obra pública, se debe tramitar con la aplicación del procedimiento especial que establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta ratificación lo que permite, en lo esencial, es que el Ministerio Público pueda utilizar la prueba que se obtuvo en las intervenciones telefónicas para acusar delitos como la corrupción en la función pública.
La decisión la comunicó el juez Jorge Tabash Forbes poco después de las 10 a. m. y luego de que la semana anterior se realizaran una serie de audiencias para discutir este tema, las cuales se efectuaron en salas de los Tribunales de Goicoechea. En el por tanto de la resolución, el juzgador declaró inadmisibles, por haberse presentado de forma extemporánea, un total de 19 recursos planteados por los defensores de esa cantidad de imputados. El juez solo admitió los recursos interpuestos por los abogados Federico Gutiérrez a favor de Laura Chaves y el planteado por Alonso Salazar a favor de Alejandro Acosta, pero los mismos fueron rechazados por el fondo.
Cuando el Caso Cochinilla explotó, en junio pasado, los abogados defensores de los imputados, entre los que se incluyen gerentes y dueños de las constructoras MECO y H Solís, alegaron que no se trataba de crimen organizado y que, por lo tanto, no eran válidas todas las escuchas telefónicas que sustentaban la causa.
Ahora, con la resolución del juez, no solo se ratifica la validez del caso, sino que se cae uno de los principales argumentos que tenían los abogados para tratar de traerse abajo una causa en la que se investiga un posible daño al erario público por ¢78.000 millones en contratos de infraestructura vial.
Según el artículo 3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, para definir un caso como crimen organizado es necesario que el grupo esté conformado por más de dos personas, que se mantenga actuando a lo largo del tiempo y que cometa delitos graves que ameriten prisión de cuatro años o más. Precisamente, en esta causa se investigan cohecho propio, penalidad del corruptor y fraude de ley.
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Sobre esta decisión el abogado Alonso Salazar explicó que tras esta determinación es necesario aclarar que la aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada no significa que se amplían los plazos para investigar o para presentar prueba, como sí lo permite la declaratoria de una causa de tramitación compleja, regulada en el artículo 376 del Código de Procedimiento Penales (CPP).
“Ahora bien resulta que aquí están aplicando la ley de lucha contra la criminalidad para investigar y luego para procesar quieren que el asunto se tramite como causa compleja, pues eso permite a la Fiscalía ampliar plazos y tener algunas prerrogativas de investigación. Pero hay un detalle, el artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada dice que el procedimiento de tramitación complejo es incompatible con el procedimiento de tramitación de crimen organizado. Este es el verdadero problema pero eso se tendrá que resolver en otra audiencia”, alegó Salazar.
Antecedentes
El Caso Cochinilla había sido declarado por el Juzgado Penal de Hacienda como crimen organizado desde el 8 de octubre del 2019, cuando el asunto estaba en proceso de investigación y eso permitió al Ministerio Público intervenir los teléfonos de los implicados y de ahí obtener elementos probatorios fundamentales para tratar de probar los delitos.
En este caso se encuentran en prisión preventiva los empresarios Carlos Cerdas Araya, gerente de la constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, dueña de H Solís. En tanto otras 26 personas están libres, pero la mayoría con medidas como arresto domiciliario con tobillera, firmar de forma periódica en el Juzgado, no salir del país, no acercarse a testigos y la suspensión del cargo, para aquellos que eran servidores públicos.
El caso Cochinilla trascendió el lunes 15 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 40 también están siendo investigadas sin haber sido detenidas. Los nombres de esas personas todavía no han trascendido. Se trata de empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi y de otras dependencias del Estado.
A los implicados se les atribuye la presunta malversación de fondos del Consejo Nacional de Vialidad, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública y se tramita en la causa 19-000025-1218-PE, y es conocida como Caso Cochinilla. En la documentación judicial se detallan los supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales”, para premiar a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.