El sistema penitenciario se encuentra al borde de un colapso, pues mientras los módulos para hombres están sobrepoblados, los jueces de ejecución de la pena impiden echar mano de nuevos espacios.
El riesgo lo advirtió este domingo la ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas, para quien la situación en este momento es realmente compleja. Por un lado, está el riesgo de contagio de covid-19; por el otro, la sobrepoblación penitenciaria.
Solo el viernes, citó la jerarca, había 88 personas en celdas judiciales en espera de traslado a cárceles de Adaptación Social para cumplir prisión preventiva. Sin embargo, con las limitaciones actuales, entre lunes y viernes de esta semana solo podrán recibir a unas 16.
“A mí realmente me preocupa la gente que se va a estar acumulando en celdas judiciales. Se está creando una situación caótica, angustiante”, aseveró.
Salazar explicó que han podido abrir espacios para recibir a los detenidos y garantizar su tiempo de cuarentena, pero no pueden usarlos por las órdenes judiciales al sistema penitenciario. Están maniatados.
“Estamos enfrentando una serie de imposibilidades para utilizar los espacios de aislamiento que hemos identificado para que ingrese la gente que viene de celdas judiciales, al mismo tiempo, que estamos llegando al tope de capacidad en todos los centros.
“Realmente estamos preocupados de no poder cumplir con la función que tenemos por ley, pues no podemos dejar de aislar a la gente (con ingreso nuevo) y es imposible para nosotros ingresarlos directamente del ambiente externo a los módulos por la covid-19”, argumentó la ministra.
Las cárceles nacionales albergan a unas 16.000 personas.
Órdenes de cierre
El sistema carcelario tiene actualmente 11 centros para hombres adultos. De estos, el único que no tiene prohibición de recibir nuevos ingresos, lo que se llama orden de cierre, es el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez, en el Complejo Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Empero, el Gerardo Rodríguez tiene un hacinamiento que sobrepasa por mucho el 20%, máximo permitido por la Sala Constitucional para garantizar los derechos humanos. Al 31 de agosto era de 94%.
En el caso del Centro de Atención Institucional San Sebastián, ubicado en el distrito del mismo nombre en San José, la orden de no admitir ni un solo ingreso fue emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, el 20 de julio del 2016.
La población penitenciaria actual es de 300 indiciados, es decir, reos con un proceso judicial en trámite pero aún sin condena.
La ministra afirmó que con las reparaciones realizadas recientemente, ese centro penal puede admitir otros 300 indiciados, el problema es que de admitirlos desobedecerían la orden judicial.
Los gimnasios
Fiorella Salazar aseguró que desde el momento que se declaró la emergencia sanitaria por la covid-19, comenzaron a buscar la manera de evitar un colapso en el sistema penitenciario, lo que implicaba buscar espacios para aislar a la gente.
“Se definieron las celdas de visita íntima, espacios en talleres industriales, aulas de estudio y gimnasios en algunos centros.
“Fuimos acondicionando. Incluimos camarotes, servicios, baños, agua potable y que la comida pudiera llegar ahí, que cumpliera con los requisitos técnicos, funcionales y de seguridad”, dijo.
No obstante, nuevamente, relató Salazar, comenzaron a recibir órdenes judiciales para impedirles utilizar esos espacios como aislamiento.
“Primero que las aulas y los talleres para que la población no dejará de tener procesos educativos y de trabajo, lo cual es comprensible, pero estamos en una emergencia nacional. Ahora nos han llegado órdenes de que no podemos utilizar los gimnasios”, lamentó la funcionaria.
Salazar advirtió de que la prohibición de usar los gimnasios para ubicar a los reos de nuevo ingreso está llevando al sistema penitenciario a una situación extrema pues junto a las órdenes de los jueces que los limitan, tienen “un montón de recursos de la Sala Constitucional” que les señalan la obligación de recibir a los detenidos en celdas judiciales en un plazo máximo de 72 horas.
En el caso de los gimnasios, Justicia pretendía habilitar 100 nuevos espacios en el recinto construido en la Unidad de Atención Institucional (UAI) Pabrú Presberi, en Pérez Zeledón. Sin embargo, el viernes 2 de julio el Juzgado de Ejecución de la Pena de ese cantón prohibió que se utilicen espacios comunes para mantener a personas privadas de libertad.
Mientras tanto, el 11 de junio pasado el juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Juan Carlos Alvarado Miranda, ordenó desalojar a 100 reos (provenientes de celdas judiciales) que habían sido ubicados en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en Alajuela porque “fueron ingresos que se realizaron sin contar con una autorización judicial previa”.
Ese permiso es indispensable para estos traslados, debido a que desde el 29 de junio del 2019, sobre ese centro penal pesa una orden judicial de cierre técnico, señala la resolución judicial.
Una expectativa
La ministra de Justicia reiteró que se está llegando a un punto donde el Ministerio se queda sin lugar para cumplir con el aislamiento de los reos.
La situación ocurre aunque las medidas implementadas para aislar a las personas serían provisionales, pues para finales de noviembre esperan habilitar el Centro de Atención Integral Terrazas, dentro de La Reforma.
Esta nueva cárcel cuenta con 80 edificaciones que tendrá la capacidad de albergar a 1.248 personas en dos recintos: uno para personas sentenciadas y otro para indiciadas.
“El presupuesto para las plazas se aprobó la semana pasada en la Asamblea Legislativa, tuvo segundo debate y el viernes se publicó en La Gaceta. Esta semana empezamos a contratar. El reclutamiento lo empezamos en setiembre del año pasado; la expectativa es que Terrazas entre a funcionar a finales de noviembre”, adelantó.
Fiorella Salazar descartó medidas extraordinarias para desahogar las prisiones pues, según dijo, han utilizado lo que el marco normativo les permite.
“Se han hecho valoraciones pendientes para que personas pasen al régimen semiinstitucional, saldrán unas cuantas, pero no tenemos otras herramientas jurídicas para hacer otras movilizaciones”, advirtió.
‘15 días de prisión’
Paralelamente, la funcionaria hizo ver que de marzo del 2020 a julio del 2021 ingresaron al sistema penitenciario 6.000 personas. De esas, ya salieron 2.500 sin una sentencia.
“Estamos detectando que estamos recibiendo a mucha gente con preventiva que no fructifica con una sentencia. También hay una cantidad grande que le dictan 15 días de preventiva, que pasan el periodo en celdas judiciales, cuando podrían aplicar otras medidas alternativas”, concluyó.