Autoridades bancarias y policiales alcanzaron, este año, un acuerdo para reducir el plazo para abrir una cuenta bancaria sospechosa de estar ligada a una estafa electrónica. Antes, el trámite demoraba de diez meses a un año; ahora el tiempo disminuyó a mes y medio.
¿Es suficiente tiempo para recuperar el dinero? No. El dinero se pierde en las primeras horas. Este trámite es vital, pero para identificar a los responsables del delito.
“Ya se llegó a un acuerdo con Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) para que las solicitudes que se envían se les manden a ellos y ellos hagan las consultas a todas las entidades bancarias.
“Eso nos ha significado una disminución de los tiempos, aunque no óptima (...). Un mes pareciera bueno, pero en realidad siempre es un tiempo bastante importante”, indicó Randall Zúñiga, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Zúñiga explicó que las principales investigaciones que realizan en esta materia son para dar con los cabecillas de los grupos criminales que cometen las estafas y no necesariamente para perseguir a los dueños de las cuentas destino donde caen los dineros de los fraudes.
Aclaró que estas últimas personas, por lo general, son solo utilizadas para ese fin y que están en la parte inferior de la pirámide de la organización.
“Esos dineros van a ir hacia alguien en particular, con ese alguien es con quien nosotros nos encontramos en esa problemática de saber dónde tiene los dineros, dónde los maneja, cuáles productos financieros tiene.
“Es esa segunda etapa de la investigación la que se nos dificulta y es donde se podría generar alguna recuperación de dineros de los costarricenses porque seamos claros, cuando se da la estafa, de inmediato el dinero se pierde.
“Las cuentas pasan a terceros y esos terceros sacan el dinero de inmediato y ahí se pierden, pero esos dineros tienen que regresar hacia alguien superior que es el que maneja todas las platas de los dineros robados. Es a esa persona a quien nos referimos”, aseveró.
A criterio del director del OIJ, el hecho de que se haya reducido a un mes el tiempo de espera para abrirles la cuenta bancaria a los autores de la estafa no está mal en comparación con el plazo anterior. No obstante, consideró que sigue siendo un plazo importante.
Por otra parte, declinó referirse sobre si han detectado funcionarios bancarios involucrados en las estafas, aunque aceptó que hay causas activas sobre este tema.
Tampoco se refirió a la posibilidad de que desde las entidades financieras exista filtración de datos sensibles de clientes. Señaló que muchos datos personales se pueden comprar en Internet a empresas que venden ese servicio.
Asimismo, “por un asunto de confidencialidad”, evitó precisar cuáles son los bancos que en la actualidad presentan más casos por fraudes, pero señaló que son “los más grandes” y no brindó detalles sobre las bandas detrás de este delito.
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Vecinos de San Carlos son los más estafados
Datos del OIJ suministrados a La Nación demuestran que en los últimos cinco años las estafas informáticas han ido en aumento. Solo el año pasado los casos se triplicaron con respecto al 2021, al pasar de 939 denuncias a 3.121 en ese periodo.
En lo que va de este año ya se han abierto 1.870 causas, es decir, alrededor de 233 expedientes al mes o siete al día.
La provincia con más incidencias es Alajuela, seguida de San José, Heredia y Cartago, mientras que el cantón con más personas estafadas es San Carlos. Respecto a la frecuencia, marzo y julio son los meses en los que más casos ocurren al año.
Esteban Aguilar, fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, explicó a este diario que la “ingeniería social” se mantiene como el principal método utilizado para estafar a los costarricenses.
Lo anterior comprende una serie de técnicas para ganarse la confianza de las víctimas, captar su información sensible y utilizarla en sistemas bancarios para saquear sus cuentas.
Según Aguilar, actualmente los principales cuatro timos con los que aplican esta ingeniería en el país son:
- Falso funcionario bancario: se llama a la víctima por teléfono, se le dice que hay transacciones que no ha autorizado y esto evidentemente la asusta y la hace (en ocasiones) brindar información sensible para resolver el problema.
- Falso funcionario gubernamental: el timador se hace pasar, principalmente, por empleado municipal, contacta al ofendido, le dice que hay una deuda pendiente o que ocupa realizar una actualización de datos y lo hace ingresar a algún enlace malicioso.
- Phishing por correo electrónico: envían correos falsos que dicen que la aplicación va a borrar la cuenta del correo porque no ha actualizado su información personal, remiten un enlace y el ofendido ingresa su información sensible allí. Con esos datos vulneran el correo; muchas personas tienen su factor de recuperación de contraseña del banco ligada al correo.
- Falsas ofertas de trabajo: se valen del hecho de que hay personas desempleadas en busca de trabajo, les dicen que es un empleador y que tienen que ingresar cierta información para pago de planilla en una página web, que al final resulta maliciosa.
Además de todas estas técnicas, el fiscal Aguilar reconoció que también existen muchas posibilidades de que los criminales obtengan datos sensibles por filtraciones de información de bases de datos nacionales y solo llamen a los ofendidos para confirmarlos.
“Es bastante probable que esas personas hayan vulnerado de previo alguna base de datos y cuando digo vulnerado es de las formas que se nos ocurra.
“Por ejemplo, hay empresas que captan bases de datos; de hecho hay empresas de acá de Costa Rica que se dedican a eso, a vender bases de datos. Podría caber la posibilidad también de que se filtre alguna información por parte de un funcionario”, manifestó.
Además, señaló que cada institución pública maneja bases de datos al igual que las empresas. Entonces, según aseveró, si los criminales logran acceder a esa información podrían saber a qué banco se encuentra ligado el pago de la planilla.
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