Como un tormento. Así describe Carmen Rojas Guzmán, clienta del Banco Popular, la situación que ha vivido luego de que estafadores le sacaran ¢9,7 millones de su cuenta de banco el pasado 17 de mayo. Para ella, perder la mayor parte de sus ahorros generó un impacto emocional y, obviamente, económico; sin embargo, no imaginó que semanas después la situación empeoraría.
El 10 de junio anterior, recibió un correo electrónico de la entidad bancaria, en el que se le pedía justificar las transacciones que hicieron los estafadores con su dinero. Su respuesta fue concreta: No podía justificarlos porque ella era víctima de estafa, pero esta información fue insuficiente, por lo que siete días después su cuenta fue bloqueada.
“Los movimientos que los funcionarios del banco detallan que debo justificar justamente son los correspondientes a los montos que fueron sustraídos de mi cuenta y que la seguridad del Banco Popular no fue capaz de detectar, por lo que yo contesté escuetamente que fui víctima de una estafa y que entonces no los puedo justificar, que los tendrán que justificar los estafadores y ellos me contestaron que era mi obligación justificarlos porque, de alguna manera, ese dinero era mío, todo esto me hizo enfermar y para mi sorpresa, el 17 de junio decidieron bloquear mi cuenta, me pareció un ensañamiento, la verdad eso fue lo que sentí”, explicó Rojas.
Esta mujer de 67 años dice que al recordar lo sucedido la invaden la furia, impotencia y humillación, porque ante esto ha tenido que correr con trámites para que su pensión sea depositada en la cuenta de otra entidad financiera.
Sobre los hechos, la Oficina de Comunicación del Banco Popular, dijo a La Nación que no podían ahondar en detalles del caso particular, pero aseguraron que “por temas de seguridad para los clientes de la institución, ante indicios de irregularidades o estafas, se suele bloquear el uso de la cuenta como una acción de prevención, para evitar ante todo que la cuenta pudiese llegar a ser utilizada –agravando la situación– como una ‘cuenta puente’ para recepcionar dineros de otras personas afectadas por esta u otra modalidad de fraude y que dichos recursos fueran reenviados, finalmente, a receptores en otras entidades financieras”.
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Entre las 12:39 p. m. y la 1:12 p. m. del 17 de mayo, en medio de una llamada con un delincuente que se hizo pasar por funcionario bancario y creó un vínculo de confianza con Rojas, ¢9,7 millones fueron movilizados entre sus cuentas realizando múltiples transacciones con destinos varios.
Avanzada la llamada, a doña Carmen le ingresó un mensaje de texto sobre el traslado de ¢1,5 millones de sus ahorros en la Cooperativa del Banco Popular a su cuenta principal, por lo que de inmediato, llamó por otra línea y se enteró de la estafa.
Ante esto, le bloquearon su cuenta para evitar que le siguieran sacando dinero y le recomendaron ir de inmediato al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a interponer una denuncia.
Esta vecina de Poás, Alajuela, sigue con cientos de dudas sobre la razón por la cual este falso funcionario bancario tenía tantos datos personales suyos. También se pregunta por qué no se bloqueó su cuenta cuando ocurrieron las transacciones o por qué desde el banco no se le alertó directamente sobre lo que estaba ocurriendo.
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Acerca del cuestionamiento de Rojas a la seguridad bancaria y las alertas, la entidad se defendió al decir que “los Sistemas Tecnológicos del Banco Popular son seguros y no permiten su vulneración o ingreso de personas no autorizadas. De igual forma, todos los procesos de denuncia de clientes por hackeo, phishing u otra causa de sus cuentas, son analizados rigurosamente y al cliente en todos los casos se le da una respuesta sustentada en la evidencia”.
Rojas relató que hizo el reclamo correspondiente tras los hechos y, según el Popular, ellos disponen “de un plan de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad que define las principales estrategias para mitigar los riesgos relacionados con estafas bancarias, estableciendo protocolos de actuación, campañas de comunicación y revisiones periódicas por auditorías internas y externas sobre los controles establecidos. También, se mantienen iniciativas y la implementación de proyectos que nos permiten fortalecer de manera constante los controles de seguridad de la información, para la protección de los recursos financieros de nuestros clientes”.
“Hay que recalcar que, como parte de todas nuestras campañas de información permanentes en esta materia, le recordamos y recalcamos a nuestros clientes que el Banco nunca le contactará telefónicamente, por correo o WhatsApp para solicitarle información sensible como usuario, clave o contraseña, correos electrónicos o códigos. Además, de forma permanente le estamos recordando a nuestros clientes la importancia de sospechar de cualquier llamada que le hagan creer la efectúa un supuesto personero bancario sobre algún movimiento o asunto de sus cuentas, pues es por dicho medio o modalidad que generalmente los ciberdelincuentes atacan a sus víctimas y con técnicas de ingeniería social le logran sustraer datos confidenciales del usuario, lo más recomendable es siempre rechazar de forma inmediata ese tipo de llamadas”, se defendió el banco, aunque Rojas sostuvo que nunca brindó ningún tipo de información sensible.
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Ante lo sucedido, la mujer dijo estar buscando asesoría legal para saber cómo proceder, tomando en cuenta que incluso ha tenido que invertir en medicamentos para tratar gastritis, colitis, insomnio y otras situaciones de salud que ha afrontado a partir de lo vivido.
En este proceso, mencionó la afectada, el conocer personas que han vivido lo mismo ha sido positivo, por lo que junto con otras víctimas hizo una página en Facebook llamada Gente Estafada en los Bancos en Costa Rica para compartir experiencias y apoyarse.
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