Al acoger para estudio la acción de inconstitucionalidad contra la pena máxima de 50 años, en junio pasado, la Sala IV solicitó criterios a varias autoridades.
Entre ellas, marcaron la diferencia los argumentos de la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, quien calificó de “degradante” el tope actual.
En cambio, la procuradora general, Ana Lorena Brenes, y la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, consideraron que ese castigo, por sí solo, no constituye ningún trato cruel o degradante.
En su informe, Brenes explicó: “Se considera que el aumento del máximo de pena a 50 años susceptible de ser impuesto en el sistema represivo costarricense, no es inconstitucional, no solo porque la duración en sí misma no implica su crueldad, deshumanización o degradación, sino porque tampoco le debe ser atribuida a la pena como se hace en este caso por incumplimiento de los fines rehabilitadores, resocializadores y readaptadores”.
Además, ambas jerarcas hicieron ver a los magistrados que la misma Sala ya había rechazado acciones sobre este tema, al considerar que era un asunto de política criminal y, por ende, era materia de la Asamblea Legislativa.
También rechazaron que la reforma legal que subió la pena requiriera de mayoría calificada en el Congreso.