La audiencia de apelación, en el caso de presunta corrupción en contratos de obra pública, se va a concentrar en la resolución que ordenó medidas cautelares en contra de las personas imputadas y que permitió que todos quedaran libres, aunque siguen ligados a la causa principal.
En el inicio de la audiencia, este lunes a las 8:30 a. m. en los Tribunales de Goicoechea, se desistió de analizar lo referido a la prisión preventiva instrumental, la cual extendió el plazo de prisión de 28 de los 30 detenidos, desde el 14 hasta el 29 de junio, cuando Mélida Solís, dueña de la constructora H Solís, fue la última en dejar las celdas.
El abogado codefensor de Mélida Solís, Erick Gatgens, dijo que como la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de habeas corpus planteado contra esa medida, prácticamente todos los abogados desistieron del recurso contra la prórroga instrumental de la medida cautelar.
Solo un defensor insistió en esa apelación aduciendo daños personales de su clienta, a raíz de la detención por tanto tiempo.
Como ese era el tema agendado para hoy, la vista terminó a eso de las 11 a. m. y las partes volverán este martes a las 8:30 a. m. cuando la Fiscalía expondrá sus criterios en contra de lo resuelto por el Juzgado para dejar libres a 14 personas contra quienes había pedido cárcel.
Una vez que la Fiscalía concluya, serás los defensores quienes expondrán al juez el porqué consideran que las medidas de la jueza Carolina Lizano, son suficientes para mantener a las partes ligadas al proceso, sin necesidad de prisión.
Ese tema no se discutió este lunes porque el Tribunal dio permiso a Mauricio Paniagua, defensor de dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para ausentarse y a esa persona le interesa mucho escuchar y referirse a las medidas cautelares, razón por la cual se le respetó su derecho.
Crimen organizado
Otra resolución que inicialmente estaba en agenda y quedó pospuesta para otra vista, fue la que declaró el expediente como causa de crimen organizado. Ese cambio se les notificó a las partes el jueves pasado.
“El Tribunal resolvió que en virtud de que existen todavía algunas gestiones relacionadas con esta declaratoria de crimen organizado, no se va a conocer ese tema en la presente vista”, dijo Gatgens.
El jurista dijo que cuando le corresponda el turno va a insistir en que la fianza de $3 millones que la jueza dictó contra Mélida Solís es razonable y está acorde con el ordenamiento jurídico, por lo que debe mantenerse.
La audiencia que se desarrolla en las salas 3 y 4 del tercer piso de los Tribunales de Goicoechea está a cargo del juez Hugo Porter Aguilar.
A esa convocatoria llegó la mayoría de los abogados defensores, otros se conectaron de manera virtual con sus clientes, mientras que aproximadamente diez de los 30 detenidos se apersonaron, entre ellos Mélida Solís, quien abandonó el edificio por una salida alterna.
Otro que se apersonó fue Carlos Cerdas, gerente de la empresa constructora MECO. Él sí resultó abucheado al salir por el frente, donde estaba un pequeño grupo de personas con banderas y parlantes protestando contra la corrupción. Cerdas tuvo que aportar una fianza de $5 millones para quedar libre.
De acuerdo con Erick Ramos, abogado de Cerdas, su tesis ante el Tribunal de Apelación va en torno de que la prisión preventiva no debe ser una pena anticipada.
“Las medidas cautelares son para asegurar el proceso. La fianza es una de ellas y así lo dispuso la jueza. Funciona bien, pues actualmente los imputados están sometidos al proceso”, dijo
Añadió que nuestro país es uno de los que más abusan de la prisión preventiva en el ámbito mundial y también de los que tiene las penas más altas, con un promedio de ocho años. “Eso es una locura”, dijo.
El Departamento de Prensa del Poder Judicial informó de que luego de evacuar los recursos de nueve abogados durante este lunes, la resolución sobre las medidas cautelares y la consulta individual de un defensor sobre la prisión preventiva instrumental se darán al final de la audiencia.
Añaden que la audiencia se desarrolla con el uso mixto de tecnología informática, bajo la plataforma Microsoft Teams, y de forma presencial, respetando el aforo y las normas sanitarias a raíz de la pandemia.
El caso Cochinilla trascendió el mes pasado, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otro tanto también son investigadas sin haber sido detenidas.
Lo anterior luego de detectarse la presunta malversación de fondos del Consejo Nacional de Vialidad, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública.