Alfredo Jones León (57 años) se jubiló como director ejecutivo del Poder Judicial con un monto de ¢4,7 millones mensuales, luego de 37 años de trabajo en la entidad.
El Consejo Superior aprobó el 22 de abril la jubilación de Jones a partir del 1.° de mayo.
El estudio efectuado por el Departamento de Personal y la Unidad de Jubilaciones y Pensiones determinó el monto correspondiente. Además, el Consejo Superior pidió al Departamento Financiero-Contable que fije la cantidad a pagar por cesantía y vacaciones.
Por su parte, la Corte Plena dispuso llevar a cabo una actividad de despedida al funcionario, la cual ya fue realizada.
Trayectoria. Jones inició su labor en el Poder Judicial como conserje. Posteriormente, se desempeñó como notificador y escribiente.
Luego fue nombrado director del despacho de la presidencia de la Corte y, en el 2002, empezó a ocupar cargo de director ejecutivo, en el que ya había laborado tres años en forma interina.
Durante su gestión, Jones fue el administrador del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial.
En el 2012, la compañía argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. hizo un análisis que concluyó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y sería insostenible en el 2027.
Ayer, Jones, administrador público, dijo a La Nación que se retira satisfecho con el servicio prestado.
Agregó que en el momento de su salida estaba en trámite la contratación de un nuevo estudio actuarial sobre el Fondo.
Jones sostuvo que, si se hace el monitoreo constante y se toman las medidas de ajuste, el sistema podrá seguir funcionando. Apuntó que, tras el estudio del 2012, se inició una propuesta de reforma legal que fortalezca el Fondo.
“Don Luis Paulino Mora (expresidente del Poder Judicial, ya fallecido) pudo negociar ese proyecto (con las organizaciones de funcionarios). De ahí nace pasar la fórmula de cálculo y tomar en cuenta los últimos 120 meses (10 años) laborados, y no 24 meses (dos años)”, resaltó como uno de los ejemplos.
El plan fue presentado el mes pasado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.
Esa iniciativa quedó bajo el expediente 19.193 y propone fijar un tope máximo a las pensiones de funcionarios judiciales, que sería del 75% del salario más alto de un empleado de la entidad.