Guillermo Hernández conoció la causa contra la pareja Guevara Dumani en el 2010, cuando laboraba en la Fiscalía de Delitos Económicos. El expediente traía la oposición de una jueza a archivarlo, pese a lo que habían solicitado otros fiscales.
¿Por qué siguió la investigación si había tres informes de que no existía indicio de delito y otros fiscales habían pedido desestimar la causa?
Cuando llegó la disconformidad de la jueza penal, quien no aceptó la solicitud de desestimar el caso porque consideró que había indicios de delincuencia, me la notificaron. Entonces yo asumí el caso, vi lo que había en el expediente y consideré que había indicios de lavado de dinero.
¿Qué indicios?
Ahorita no recuerdo exactamente porque eran varios, pero lo más importante es que había un flujo de efectivo del exterior hacia las cuentas del señor; a las de ella no. Era un flujo importante que se generaba en los Estados Unidos, y él las recibía en varias cuentas y en sociedades.
¿No se justificaba en los informes la existencia del dinero?
No, no había justificación. Se decía que había un manejo importante de dinero, pero no se decía cuál era el origen de los fondos. Esa era le tesis del ICD.
¿El origen eran los Estados Unidos? Sí se decía que el dinero venía de allá.
Exacto. Yo lo que vi es que había dos situaciones: el origen y el destino de fondos. Nosotros teníamos el destino pues eran fondos que quedaban en Costa Rica y se invertían en la compra de bienes inmuebles, pero el origen no estaba establecido.
Cuando usted recibió la disconformidad de la jueza, pidió un cuarto informe.
Creo que sí, para solicitar el allanamiento.
¿Qué elementos vio en ese estudio que no estaban en los anteriores y que le hicieron pedir el allanamiento?
De lo que yo vi en el expediente y de la posición del Juzgado Penal de Santa Cruz, yo concluí que teníamos la probabilidad de un caso de lavado de dinero.
¿Era suficiente la probabilidad para pedir el registro de la casa y el bufete?
Correcto porque ya la investigación estaba agotada en la periferia, pero no sabíamos qué había en la casa de negocios. Lo que hice con el informe del ICD fue actualizar los datos de cuentas e identificación de las personas para allanar.
En la solicitud de allanamiento se habla de dos personas con causas pendientes que no aparecían antes en el expediente. ¿En qué momento se las vinculó?
Desde el principio. Yo no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que el nombre de esas personas eran un indicio de una actividad de lavado. Nosotros nos apoyamos en información confidencial que había entrado al OIJ, de llamadas que hace la gente y denuncia.
¿Los incorporan para sustentar la necesidad de allanar?
Claro.
¿Supo que había enemistad entre las juezas?
En el momento en el que se tomó la decisión de allanar, yo desconocía que había un problema personal entre ellas. Después se tomó esto en consideración, pero lo importante era la prueba.
Cuando usted dejó el caso, en enero de este año, ¿no había pensado pedir la desestimación?
No, porque había una evidencia en el bufete de él que había que analizar: era un documento. No sé qué determinaron luego los fiscales porque yo me jubilé.