Un video captado por una cámara de seguridad del Estadio Antonio Escarré, en barrio San Cayetano de San José, demostraría que el homicidio ocurrido el jueves 12 de enero en las inmediaciones del centro deportivo pudo derivarse de una legítima defensa, tal y como lo planteó la Fiscalía ante el Juzgado Penal de San José.
Vecinos del lugar, quienes prefirieron no ser identificados, sostuvieron que el video circuló entre los lugareños y que en las imágenes se observa una riña. La existencia de la grabación fue confirmada por un empleado del estadio que alberga partidos de béisbol. No obstante, señaló que el material ya había sido secuestrado por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Un hombre que vive justo al frente del sitio donde ocurrió el asesinato, aseguró que en el video se observa al ahora fallecido, Óscar Alberto Leitón Zamora, agrediendo al sospechoso de apellidos Bilmore Rialto cuando este último intentaba huir de la pelea.
Luego, Leitón habría tomado a Bilmore de la garganta, momento en que el Bilmore habría respondido apuñalando en el tórax al sujeto, quien murió en el Hospital San Juan de Dios.
Otros vecinos y cuidacarros confirmaron que hubo un pleito callejero, pero prefirieron no ahondar en cómo ocurrieron los hechos, algunos porque no fueron testigos directos de lo ocurrido y otros porque no querían involucrarse.
Este crimen trascendió al ojo público el sábado 14 de enero, luego de que el ministro de Seguridad, Jorge Torres, su viceministro, Daniel Calderón y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pusieran en tela de duda la decisión del juez de dejar al sospechoso libre con tobillera electrónica e intentaran responsabilizar al Poder Judicial de la falta de resultados del Ministerio de Seguridad contra la ola criminal que vive el país.
Según publicó Torres en su cuenta de Twitter, “la Fuerza Pública hace su trabajo, duro, esforzado y permanente. Pero no estamos logrando resultados en muchas ocasiones por tanto beneficio que se otorga desde el Poder Judicial a delincuentes que cometen hechos de gravedad”.
Chaves, por su parte, publicó: “No podemos seguir así. La Policía capturándolos y el Poder Judicial liberándoles de manera inmediata. Hay una crisis que no viene de falta de trabajo del Ministerio de Seguridad. Viene de que hay una puerta rotatoria en las cortes, pareciera”, agregó el mandatario. Chaves, además, hizo un llamado “respetuoso” al Poder Judicial para trabajar juntos en este asunto. “El pueblo lo espera y lo merece”.
Sin embargo, ni el presidente ni los altos jerarcas de Seguridad aclaran que, en este caso, la decisión de que el sospechoso no cumpla con prisión preventiva sino con medidas menos gravosas, radica en que el encartado pudo haber actuado en defensa propia.
Ante las críticas públicas lanzadas desde el Ejecutivo, el domingo el Poder Judicial precisó que, según la información ofrecida por el Ministerio Público, el homicidio pudo haber estado justificado, razón por la cual el sospechoso quedó en libertad, bajo monitoreo electrónico.
La oficina de prensa del Poder Judicial aclaró que “la resolución dictada por la persona juzgadora del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José corresponde a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público en la audiencia celebrada para ese efecto”. La entidad agregó que tanto la Fiscalía como la defensa técnica del sospechoso argumentaron que “en el marco de la investigación se debía determinar la posible existencia de una causa de justificación”.
Ante consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público detalló que, para el fiscal encargado, esta causa de justificación pudo haberse tratado de una legítima defensa.
“Con las pruebas recopiladas hasta este momento, el fiscal del caso valoró que las medidas cautelares que procedían eran: monitoreo electrónico, prohibición para acercarse a testigos y firmar una vez a la semana. De incumplirse alguna de las medidas ordenadas, por parte del imputado, la Fiscalía podría solicitar una más gravosa, como por ejemplo la prisión preventiva”, indicó la institución.
El ente fiscal agregó que “de acuerdo con los elementos de prueba que se tienen hasta el momento, no se presentaron los peligros procesales para solicitar la prisión preventiva, al tiempo que indicó que existen indicios para investigar si los hechos constituyeron una legítima defensa”.
Luego de publicados los alegatos del ministro, Seguridad indicó que Bilmore fue arrestado de nuevo por orden de Torres, pues es una persona extranjera y tiene condición migratoria irregular en el país.
El hombre fue puesto a las órdenes del Centro de Detención de Migración en Heredia. Empero, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) aclaró que Bilmore no permaneció detenido ni será deportado, pues debe cumplirse la medida impuesta por el juez mientras avanza el proceso penal.
“Reiterar que al existir una causa pendiente la DGME se apega a la medida dictada en sede judicial”, señaló la oficina de prensa de la entidad.