Los peajes extorsivos en las barriadas son un delito invisibilizado o un círculo que no se rompe. Por un lado, la Fuerza Pública sostiene que no puede actuar si no hay una denuncia previa, y en la otra acera, las víctimas se ven obligadas callar para evitar que los delincuentes tomen represalias y los agredan a ellos o a sus familiares.
Según Mario Zamora, ministro de Seguridad, este problema, en el que delincuentes amenazan a familias a cambio de dinero para evitar agresiones, ya se ha detectado en varias comunidades y particularmente en algunos barrios del sur de San José. Ese es el caso de Jorge, quien a cambio del anonimato, contó a este medio que debe pagar ¢30.000 mensuales para que no le hagan daño a su familia.
El ministro sostiene que, ante la falta de denuncias, la presencia policial en esos sitios pretende intimidar al delincuente y mitigar este flagelo. Empero, el director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, pide que las víctimas denuncien para poder actuar.
“El problema es que usted debe tener claro que nosotros, sin denuncias, no podemos actuar. Tanto el OIJ, como nosotros y el Ministerio Público, no podemos actuar”, contestó Cubillo, ante consultas de La Nación.
El oficial también descartó que existan filtraciones en la Policía, por las cuales el extorsionador se entere de que lo están investigando. No obstante, las víctimas comentan que es frecuente que esto ocurra.
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Peajes en Pavas, Alajuelita y La Unión
Un reciente reporte de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, titulado “La extorsión en Costa Rica”, explica que aunque este delito no está tan presente en el país como en otras naciones centroamericanas, no significa que no exista o no genere víctimas o dolor humano en el territorio nacional. De hecho, señala que las denuncias por extorsión han ido en aumento.
Como puntos calientes de los llamados peajes extorsivos menciona el distrito de Pavas y el cantón de Alajuelita, en San José, así como la localidad de La Unión, en Cartago. Detalla que las pandillas de estos lugares no extorsionan a la gente como negocio, sino como mecanismo de protección para su actividad delictiva principal: el narcotráfico. Es decir, no necesariamente apuntan al beneficio económico que les puede traer esto, más bien amenazan a la gente para que no los denuncie por la venta de drogas.
“A pesar de que los números son bajos, en el contexto general de la extorsión en un país en que las denuncias son muy pocas, la cifra se vuelve significativa y representativa del fenómeno en estos lugares. A pesar de esto, las autoridades policiales a cargo de estas zonas, indican que hoy el fenómeno es mínimo o inexistente. Esta apreciación puede deberse, por un lado a la baja (aunque no inexistente) presencia de la extorsión en el país, pero también a que no existen metas exigibles ni evaluables a cumplir al respecto. No obstante, se considera que existe una importante cifra negra en estos datos”, detalló la investigación internacional.
Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una organización no gubernamental, son sede en Ginebra, Suiza, que reúne a especialistas que analizan la realidad del crimen organizado en el planeta.