Una adolescente de 17 años fue asesinada por los disparos de un arma AK-47 el martes pasado, mientras estaba en un vehículo estacionado en La Loma de Aserrí, en San José. Ella es la última de la larga lista de mujeres asesinadas en Costa Rica. Cuando faltan todavía 35 días para que se acabe el año, el 2023 ya registra la cifra más alta de mujeres ultimadas en hechos violentos desde que se tienen registros.
Según los datos divulgados por la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial y los registros de noticias de La Nación, el país ya suma 79 mujeres asesinadas, un incremento alarmante de 29 casos, en comparación con todo el año anterior, que sumó 50 asesinatos.
Desde el 2017 y hasta la fecha, el año más mortífero para las mujeres había sido el 2018, con 64 crímenes, superado ahora por el 2023. Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, confirmó que de las 79 asesinatos de este año, 15 ya fueron catalogados como femicidios.
La determinación de esta categoría depende de las investigaciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que confirma el móvil detrás de cada muerte.
En esa investigación trabaja la Policía Judicial para esclarecer el crimen de Mariam Vargas, una madre de 26 años, a quien el sábado 18 de noviembre le propinaron más de 20 balazos mientras permanecía en su casa en Cariari de Pococí, Limón. Asimismo, en esa misma comunidad, a tan solo 300 metros, dos días después se descubrieron restos humanos enterrados en el patio de una vivienda. Aunque se presume que pertenecen a una joven que convivía con su novio en la casa, el caso sigue abierto.
En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, conmemorado este 25 de noviembre, La Nación conversó con Arias, quien explicó que, aunque no existe un estudio específico que explique el aumento de los asesinatos de mujeres, se puede inferir que refleja el pico de violencia que vive el país en este año.
El 2023 se erige como el año más violento en la historia. Según datos proporcionados por la Policía Judicial, hasta el momento se contabilizan al menos 830 homicidios dolosos y las provincias más afectadas por estos crímenes son Limón, San José y Puntarenas.
Desafortunadamente las muertes por disputas del narco y crimen organizado también están alcanzando a las mujeres. Ese sería el caso de Joseline Karina Arroyo Morgan, de 27 años, asesinada en enero pasado en Los Lirios, en Limón, mientras descansaba con una amiga que también fue ultimada: Guiselle Villarreal Acuña, de 25 años,
De acuerdo con las pesquisas de las autoridades judiciales, Arroyo mantuvo una relación sentimental con Danny Hernández Fernández, alias Ratón, ultimado en la masacre de Matama en marzo del año pasado. Al parecer ella fue amenazada de muerte por una banda rival a su expareja.
Hasta la fecha, se desconoce cuántas de las 79 víctimas de este año, murieron producto de este tipo de conflictos.
Características de las víctimas y complejidades en los procesos
De quienes sí se tiene un perfil más amplio es de las víctimas de femicidios. Jeannette Arias indicó que cualquier mujer, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, puede ser víctima de este tipo de delito. No obstante, reveló que existen características específicas y condiciones de vulnerabilidad que aumentan el riesgo.
En la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres jóvenes en edad reproductiva, amas de casa y económicamente dependientes de sus agresores.
“En esos casos es difícil que se rompa el ciclo de violencia doméstica porque no tienen un medio de subsistencia y, si el país tampoco ofrece las posibilidades de inserción en un mercado laboral, eso va a tener una repercusión importante para poder romper este ciclo”, explicó Arias.
Además, a pesar de la posibilidad de presentar denuncias, muchas mujeres no pueden mantener estos procesos por la falta de integralidad que conllevan. Por ejemplo, en el caso de denuncias por violencia doméstica, pensión para sus hijos y régimen de visitas, las mujeres deben acudir a tres juzgados diferentes.
“No es una situación del Poder Judicial, sino la forma en que se han aprobado las leyes. Hemos implementado una metodología en las plataformas integradas de servicios a víctimas, pero hasta el momento solo tenemos cuatro”, comentó Arias. Estas oficinas, donde las víctimas de violencia doméstica pueden gestionar todos los procesos de manera conjunta, se encuentran en San Joaquín, Siquirres, La Unión de Cartago y Pavas.
Arias también destacó que la falta de representación legal es otra razón por la cual las mujeres no denuncian a sus agresores. “No es lo mismo tener un abogado que defienda tus intereses en todo el proceso, desde el inicio hasta el final, que ser una mujer que tiene que enfrentarse sola contra el sistema”, aseveró.
La jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial también expresó que los plazos de duración de los procesos son demasiado extensos, cuando lo ideal sería una respuesta rápida para evitar que otros actores, como familiares o el propio agresor, convenzan a la víctima de abandonar la denuncia.
A pesar de todos estos desafíos, hasta octubre del 2023, un total de 23.397 mujeres presentaron denuncias por violencia doméstica en el Ministerio Público.
Según datos de la Fiscalía, el mes con mayor cantidad de expedientes abiertos este año fue setiembre, con un total de 4.175, casi el doble de los registrados en marzo del año anterior, que fue el mes con más denuncias.
Arias destacó que esto sugiere que, aunque la ola de violencia impacta a las mujeres, también demuestra que están más familiarizadas con las herramientas para denunciar.