Un hombre fue sentenciado a prisión por cometer 23 delitos de peculado al sustraer ¢200 millones destinados al Hogar de Ancianos Julia Bolaños Valverde, en Guatuso de Alajuela, entre mayo del 2014 y enero del 2016.
La sentencia de 161 años de cárcel contra el sujeto, identificado con los apellidos Vargas Jenkins, fue emitida por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública el 4 de agosto pasado. Sin embargo, la información trascendió hasta este jueves, cuando el Ministerio Público hizo público el caso.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía, la pena que Vargas deberá cumplir fue ajustada a 21 años de prisión por las reglas del concurso material, esto ocurre cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos. Ante esto, se suman las penas que corresponden a cada delito, sin que la pena final supere el triple de la pena mayor.
Además, la legislación de Costa Rica establece que en ningún caso la pena podrá superar los 50 años en caso de adultos y entre 10 años y 15 años cuando los imputados son menores de edad.
Dinero provenía de acuerdos
Al momento de los hechos, el imputado se desempeñaba como coordinador del Hogar de Ancianos. Esto le dio la oportunidad de aprovecharse de su posición para desviar los fondos asignados a la institución.
Según las investigaciones de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), el dinero que el sujeto tomó provenía de acuerdos suscritos con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y la Junta de Protección Social (JPS).
Para sustraer la cifra millonaria, Vargas emitía cheques a su nombre y recurría a artimañas para engañar a terceras personas, colocándolas como beneficiarias en las transacciones. A través de este modus operandi, el coordinador lograba que sus conocidos retiraran el dinero y se lo entregaran para que él lo gastara en obligaciones personales.
El Ministerio Público explicó que en este caso se aplicó la figura legal del “funcionario público equiparado”, que permite enjuiciar a personas que, sin ser funcionarios estatales, administran recursos públicos en entidades como juntas de educación, asociaciones de desarrollo y acueductos rurales, entre otras.
Mientras la sentencia queda en firme, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva.
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