Diego Bosque G.
Entró a la oficina de la Defensa Pública de Limón con un claro gesto de expectación en su cara.
Alexis, nombre utilizado para proteger su identidad por tratarse de un menor, cometió una sustracción de bienes.
La causa en su contra quedó suspendida mientras él permanece a prueba y repara el daño ocasionado a la sociedad.
Por tres años no debe involucrarse en otro asunto delictivo, tiene que cumplir 120 horas de trabajo comunal y mantenerse estudiando o laborando.
Ahora, hace trabajo comunal, pero no consigue empleo.
“Me dejé influenciar por un amigo con el que caminaba, pensé que andar haciendo esas cosas (asaltos) me iba a llevar hacia algo bueno”, relató el joven al lado del abogado defensor que lo representa.
Alexis asegura, mirando a los ojos, que el proceso judicial le sirvió para rectificar y plantearse un cambio de vida.
“Para uno, menor de edad, lo más fácil para conseguir la plata era eso (robar). En el momento uno no sabe (...). Gracias a Dios yo recapacité y estoy en proceso de reparar el daño que cometí”, dice.
Alexis no oculta que el dinero que conseguía de manera ilícita no era para nada productivo.
“Era para ir a bailes o consumir drogas, era plata que se iba de un solo y luego venían los problemas”, añadió. Nunca compró un arma y no se explica por qué dijo que no cuando le ofrecieron, varias veces, una pistola.
Viraje. Se cambió de barrio junto a su madre, para alejarse de las malas influencias y ahora recorre las calles de Limón, con cartas hechas por la Defensa Pública para encontrar trabajo.
Sin embargo, no logra conseguir empleo como otros 5.800 limonenses, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
“Yo decidí cambiar porque en esa vida hay dos paradas fijas: la cárcel o el cementerio”, añade el muchacho, padre de una bebé de ocho meses.
Freddy Segura, defensor público de Limón, indicó que en casos como los de Alexis se busca una medida que sirva como corrección para el menor.
“Él ha estado cumpliendo muy bien las condiciones impuestas por el Juzgado y muestra una actitud de cambio”, expresó Segura.
Este tipo de medidas ( suspensión del proceso a prueba) se utiliza cuando el delito no es grave.
La pena de prisión máxima en Costa Rica para los menores de edad es de 15 años.
Omar Jiménez, fiscal adjunto de Penal Juvenil, dijo que la respuesta punitiva no resuelve el problema de la delincuencia de menores y que se debe apostar en prevención y educación .