Los primeros 100 días del año pintan un panorama sombrío, pues se proyecta que el 2024 cerrará con 916 asesinatos en el país y que desplazará al 2023 como el año más trágico desde que la Policía Judicial tiene registros.
El 9 de abril, cuando se cumplieron esos primeros cien días, se contabilizaban 251 asesinatos. Según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, disponibles a esa fecha, el 33% de los crímenes (84) se concentraron en 12 distritos: Limón, Hatillo, San Felipe, Barranca, Batán, Carrandí, Matama, Parrita, Hospital, Jacó, Purral y Turrialba.
Desde enero, el Ministerio de Seguridad anunció un aumento de los operativos en siete de esos distritos, pues desde el año pasado aparecen entre los más vulnerables en la comisión de homicidios, pero la ola de muertes persiste. Limón, por ejemplo, contabiliza 18 muertos; Hatillo tiene 9 y San Felipe de Alajuelita, 7.
En Alajuelita, explicaron las autoridades hace unos días, la disputa territorial entre bandas, principalmente Los Lara y Los Myrie, favorece la seguidilla de asesinatos en San Felipe. Aunque hay más policías, la Fuerza Pública reconoce dificultades para operar debido a la contrainteligencia de los delincuentes y a la colaboración que reciben de algunos vecinos.
En Turrialba, por su parte, el incremento en los crímenes es atribuido a la expansión de organizaciones del Caribe, que ahora se disputan territorios en ese cantón cartaginés, uno de los diez más extensos del país con 1.643 km², el cual limita con los seis cantones de Limón, lo que facilita la movilización de grupos y mercancías ilegales por diversas vías.
Proyección lanza al 2024 como el más violento
FUENTE: OIJ / DATOS AL 9 / 4 || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Operativos en deuda
Limón, San Felipe de Alajuelita, Barranca, Hospital y Parrita, así como Carrandí y Batán de Matina, tienen vigilancia reforzada, pero siguen figurando entre los distritos que registran más homicidios este año.
Uno de los casos más graves ocurrió en Limón el 26 de febrero a las 7 a. m. cuando un comando armado llegó a la entrada principal de los Tribunales de Justicia y acribilló a Leonardo Antonio Joseph Méndez, de 38 años, el presunto cabecilla de una organización narco.
Además, en febrero pasado, en menos de 72 horas, Hatillo vivió dos homicidios dobles. En uno de los casos, los criminales citaron a las víctimas bajo la excusa de pagarles un dinero y ya en el sitio los asesinaron a tiros.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), insiste en que los disparadores de los homicidios en todo el país son el aumento de la producción de droga en Sudamérica, las luchas territoriales entre grupos criminales y el debilitamiento presupuestario de los cuerpos policiales, que genera la salida de personal de experiencia debido al congelamiento salarial.
También destacó la pobreza extrema de familias en las costas o fronteras y las pocas opciones de empleo que hay para los jóvenes en esas regiones.
El miércoles pasado, se le pidió criterio al ministro de Seguridad, Mario Zamora, sobre el impacto de los operativos diferenciados que se realizan en algunos distritos, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Análisis nacional
Los 251 asesinatos registrados en los primeros 100 días del año equivalen a un crimen cada diez horas, aproximadamente. De mantenerse la tendencia, este sería el quinto año consecutivo en el que sube la tasa de homicidios. En el 2019, la tasa era de 11,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes; sin embargo, empezó a crecer desde el 2020 y el año pasado llegó a 17,2 por cada 100.000 habitantes.
En la provincia de Limón, la tasa del año pasado fue similar a la de países en guerra, al llegar a 45,1 por cada 100.000 habitantes, superando en más de cuatro veces la de San José, que fue de 13.
El hecho de que San José haya vuelto a cerrar el año pasado por encima de 200 asesinatos, lo cual no ocurría desde hacía un lustro, y que Limón alcanzara y rebasara por primera vez en la historia esa cifra, son solo algunos ejemplos de algo que parece repetirse. En 100 días, San José ya sumaba 66 muertes, mientras que Limón le pisaba los talones con 56.
Mientras, Puntarenas comenzó en 2018 una escalada que en el 2021 la llevó a superar por primera vez el centenar de víctimas anuales, con 105 casos; el año pasado alcanzó 150 casos y cerró con la segunda tasa más alta del país, que fue de 29,1. La amenaza de seguir en ascenso persiste, pues esta provincia acumuló 45 homicidios en los primeros 100 días de este año.
Llama la atención que Cartago muestre este año un repunte en homicidios con 26 casos, de los cuales 11 han ocurrido en Turrialba, donde no eran usuales.
Por otra parte, la cantidad de escenas donde la Policía encuentra dos o más muertos llegó en estos 100 días a 21 y supera a los homicidios múltiples que habían sucedido para ese mismo periodo del año pasado. Hasta ahora, el caso más grave ocurrió en Goicoechea el 20 de enero, cuando cuatro sujetos fueron asesinados a balazos en una disputa por territorios para la venta de drogas en el precario Los Colochos, entre Purral e Ipís.
En torno a este aumento, la magistrada Patricia Vargas, de la Sala de Casación Penal, afirmó a inicios de abril que cuando no se reacciona ante esas cifras, la sociedad está mal. Se mostró preocupada y llamó a generar políticas de inclusión social.
Brecha social pasa factura
Para Rodrigo Campos, coordinador de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), gran parte del aumento en muertes se debe a la acción de grupos criminales del narco que aprovechan las desigualdades sociales para reclutar jóvenes.
Lo complejo del problema, prosiguió Campos, es que la solución exige reducir esas desigualdades, para lo cual se trabaja muy poco y con presupuestos ínfimos. Lamentó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no esté trabajando en esos temas preventivos.
Añadió que el aumento de homicidios en zonas otrora pacíficas como Turrialba y Nosara de Nicoya se debe a que las organizaciones de Limón buscan ampliar el mercado para tener más ganancias, tanto por el corredor de Pococí, Sarapiquí, San Carlos y Guanacaste, como por la antigua ruta que pasa por Siquirres y Turrialba hacia San José, y de paso se atienden mercados en el trayecto.
El paso de drogas por esos sectores aumenta los homicidios debido al desplazamiento de la criminalidad que ya dominaba el mercado en cada zona.
Reversión es posible
Según Campos, existen formas de revertir la ola de homicidios, pues así se ha logrado en Canadá, Colombia, Chile y varios puntos de Estados Unidos, pero debe existir una férrea voluntad política para hacerlo, aunque no es rápido ni barato.
Se debe atender primero la forma de integrar a los jóvenes de áreas vulnerables para cerrar así esa fuente de reclutamiento de personas a la criminalidad. En la actualidad, esas redes tienen personal de sobra para sustituir fácilmente a quienes son asesinados por bandas rivales o a quienes son encarcelados luego de operativos policiales.
La segunda acción urgente es fortalecer los sistemas de tratamiento para quienes tienen consumo problemático de drogas y que el país ha dejado de lado, pues según Campos, la acción del Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) es insignificante para el tamaño del problema actual.
Los adictos son quienes brindan el flujo de caja diario al crimen organizado, donde cada búnker en San José genera hasta ¢3 millones diarios por ventas.
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La facilidad para obtener drogas es enorme por la disponibilidad en el mercado y la variedad de estupefacientes. Aquí se ha vuelto normal toparse a gente caminando por la calle o en parques fumando marihuana, mientras hay países donde eso es impensable, dijo Campos.
Con esas acciones, la organización criminal se debilita. A ello, el experto suma los operativos policiales sostenidos en sitios medulares.