La inexistencia de antecedentes penales en Colombia, así como la falta de informes oficiales por parte del Gobierno costarricense, permitió a cinco sujetos –vinculados aquí con tramar un atentado en contra de dos ministros ticos– recuperar su libertad.
Los sujetos, de apellidos Angulo, Martínez, Casares, Flores y Olaya (todos de nacionalidad colombiana), fueron deportados el sábado a Colombia ante sospechas de que servían como sicarios del Cartel del Norte del Valle, grupo narcotraficante del departamento del Chocó.
En Colombia permanecieron detenidos pocas horas mientras el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional verificaban si tenían antecedentes delictivos.
“Costa Rica no ha entregado a las autoridades colombianas ningún documento señalándolos de algún hecho delictivo.
“Aquí tampoco tienen antecedentes ni algún requerimiento judicial; ni siquiera una infracción. Por eso fueron dejados en libertad. No es posible retener personas sin una orden judicial”, declaró ayer Óscar Galvis, portavoz del DAS, a quien La Nación localizó en Bogotá.
Los sospechosos rindieron una declaración jurada en la que aceptaron acudir al llamado de la Policía Nacional de Colombia en cuanto esta así lo solicite. También fijaron un domicilio fijo para eventuales notificaciones.
“Del caso conocemos solo lo que ha salido en la prensa de su país”, agregó Galvis.
En principio, las autoridades ticas informaron en el sentido de que el grupo era investigado en Colombia por homicidios.
Sorpresa. La noticia sobre la liberación tomó por sorpresa a las autoridades del Gobierno tico, que optaron por guardar silencio.
Aunque en principio estaba programada para ayer una conferencia de prensa con el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, y el de la Presidencia, Rodrigo Arias –los supuestos blancos del ataque–, los funcionarios al final no hicieron la convocatoria.
Arias dijo, mediante un comunicado, que no hará referencia alguna al supuesto plan mientras que Berrocal anunció que solicitará informes a las autoridades colombianas sobre la liberación.
“Quisiéramos dar vuelta a la página. Todo ya ha sido dicho; todo ha salido publicado”, manifestó el titular de Seguridad Pública.
Berrocal hizo énfasis en que la investigación continúa en los dos países, “la cual hizo posible la detención de los sicarios (en Costa Rica)”, indicó.
El Ministro expresó ser respetuoso de la decisión de las autoridades del país suramericano.
Razones de la salida. El viceministro de Seguridad Pública, Rafael Gutiérrez, manifestó que la deportación de los colombianos obedeció a razones de seguridad, así como anomalías migratorias (ingresaron sin visa consular).
“Aquí (en Costa Rica) solo teníamos indicios de que iban a cometer algo”, puntualizó Gutiérrez.
El fiscal general, Francisco Dall’Anese, prefirió no hacer referencia alguna al caso. Tampoco fue posible contactar al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas.
De acuerdo con las autoridades ticas, los sujetos recibieron $50.000 como adelanto –por parte del Cartel del Norte– para asesinar a los funcionarios en represalia por el decomiso de 40 toneladas de cocaína en los últimos 12 meses. La droga apareció en bodegas y barcos.