Dayán y José Pablo Desantti Delgado tienen 20 y 19 años de edad, respectivamente. Ella aún debe ganar unos exámenes para obtener el título de Bachiller en Educación Media y él empezará a cursar el último año de secundaria.
Ahora, estos estudiantes, vecinos de Purral de Goicoechea, tienen una preocupación que, según dicen, les impide concentrarse en sus estudios: el Juzgado de Pensiones Alimentarias de ese cantón les ordenó pagar ¢180.000 de pensión a tres hermanos menores que ellos ni siquiera conocían.
La odisea para los colegiales comenzó en marzo del año pasado cuando su padre taxista y su hermano mayor fueron detenidos como sospechosos del homicidio de un porteador, cuyo cadáver apareció en diciembre del 2011 en el Monte de la Cruz, en Heredia.
A los dos sospechosos se les dictó prisión preventiva y, desde entonces, los estudiantes asumieron la responsabilidad de ayudar a su madre con las necesidades del hogar y de su hermano de ocho años de edad.
A finales del 2012, los jóvenes se enteraron de la resolución del juzgado que les ordenaba velar por tres medio hermanos de 13, 10 y nueve años. Hasta ese momento, según narraron, desconocían que su padre tuviese otra familia.
“Le llegó a mi mamá una nota y decía que a nosotros nos habían notificado, cosa que no es cierta. Ahí nos dimos cuenta de que esa familia vive en Mozotal, que mi papá los tenía escondidos”, narró José Pablo Desantti.
“Yo veo muy absurdo que nosotros tengamos que pagar esa pensión, porque, es cierto, mi papá dejó un taxi, pero también dejó muchas deudas. Ese carro deja como ¢1,2 millones y eso apenas da para pagar deudas como la hipoteca de la casa y para el mantenimiento del carro”, agregó el joven quien señaló que, además, el vehículo estaba dañado.
“Yo he ido a hablar con ella (la madre de sus medio hermanos). Le dije que nos fuéramos a medias con el arreglo, pero no quiso”, afirmó.
José Pablo Desantti explicó que, durante sus vacaciones, él trabaja cubriendo los días libres de empleados de una ferretería. Mientras que su hermana, dijo, ocasionalmente vende lotería para tener ingresos.
“Yo quiero surgir, ir a la universidad. Creo que tanto ellos (sus medio hermanos) como nosotros tenemos derecho, pero es injusto que yo tenga que ponerme a trabajar para pagar algo que le corresponde a mi papá”, expresó Dayán Desantti.
La Nación intentó hablar con la madre demandante de la pensión, pero no fue posible localizarla.
Responsabilidad trasladada. La oficina de prensa del Poder Judicial comunicó que, al estar el padre en la cárcel, el Código de Familia permite que los hermanos menores reclamen pensión a los mayores; y que, según la ley, no es excusable el que los demandantes no tengan ingresos fijos. La entidad agregó que la resolución puede ser apelada.
Precisamente, los jóvenes presentaron una apelación en diciembre, pero hasta la semana pasada no les ha sido contestada.