En la mañana del viernes 25 de febrero del 2011, la jueza penal de Santa Cruz, Cynthia Dumani, y su esposo, el abogado Óscar Guevara, se sorprendieron cuando representantes del Ministerio Público registraron toda su vivienda y el bufete de Guevara.
En ese momento, ellos desconocían que eran investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
También ignoraban que a su favor existían cuatro informes que señalaban que el crecimiento económico de la pareja en la última década no se podía ligar a ninguna actividad delictiva.
El matrimonio supo luego que, un año antes, la Fiscalía del Crimen Organizado pidió archivar la causa porque con los datos obtenidos no era posible “vincular a los investigados con la comisión del delito”.
No obstante, otra Fiscalía continuó la investigación y allanó las propiedades, hasta que, en agosto pasado, los fiscales llegaron a la misma conclusión de que no existían indicios suficientes.
Prosperidad. El jueves pasado, en Santa Cruz, Guanacaste, el matrimonio explicó a La Nación que la indagación en su contra surgió debido al trabajo de Guevara.
“Cuando vino el boom inmobiliario, por ahí de 1996, muchos extranjeros compraron en Guanacaste, y yo tuve la suerte de ser su abogado”, explicó el jurista.
Detalló que tuvo más de 200 clientes en un lapso de unos 10 años, por lo que administró millones de dólares.
“Mi trabajo es analizar que la propiedad no tenga gravámenes, hipotecas o problemas judiciales. El cliente me deposita el dinero y yo lo giro al vendedor cuando considero que no hay ningún problema”, describió el abogado.
Relató que el éxito laboral le permitió invertir en certificados a plazo y en sociedades, que también estaban a nombre de su esposa.
Por ello, en el 2008, la Fiscalía del Crimen Organizado inició una pesquisa pues estimó que los fondos manejados por la pareja desde el 2003, ascendían a unos $35 millones y más de ¢500 millones.
Como parte de la indagación, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y el Organismo de Investigación Judicial hicieron tres estudios, con los cuales, el 20 de julio del 2010, la Fiscalía pidió cerrar el caso pues alegó que el patrimonio se justificaba en “bienes raíces, administración de fondos y préstamos”.
Sin embargo, esa petición fue rechazada por una jueza del mismo Juzgado Penal de Santa Cruz, de apellido Baltodano.
El caso se trasladó a la Fiscalía de Delitos Económicos.
Disconforme. Guillermo Hernández, fiscal jubilado de Delitos Económicos, recordó que, cuando él conoció el caso, estaba presentada una disconformidad de Baltodano. La jueza argumentaba que se requería más información de los países de donde provenía el dinero.
Según Hernández, tras revisar el expediente, él coincidió con la jueza y observó indicios de un posible lavado de dinero.
Por eso, pidió otro estudio al ICD y solicitó el allanamiento, el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de cuentas, que fueron autorizados por Baltodano.
El jueves, Guevara y Dumani narraron que presentaron una recusación. “Ella se apartó del caso porque se consideró que era enemiga de mi esposa. Eso fue impresionante”, expresó Guevara.
El exfiscal Hernández confirmó que supo de la enemistad. “Yo no sabía que había un problema personal entre ellas, hasta después, pero lo importante era la prueba”, dijo.
La Nación consultó a Baltodano, pero declinó hablar del tema. “Ningún juez puede referirse a los expedientes que lleva; esto sería corrupción”, indicó.
Según la pareja, también se les vinculó a personas con causas pendientes y que ellos no conocían.
Finalmente, el 21 de agosto pasado, la jueza Melany Valdez acogió la nueva solicitud para cerrar la causa y recalcó que se debió investigar más antes allanar las propiedades.
“Concluyen lo mismo dos años después de que hicieron un daño gravísimo a mi familia y a mi reputación”, dijo Guevara, quien agregó que ahora él y su esposa se concentran en su familia.