Un guía turístico de apellidos Pessoa Calvo cumple medidas cautelares por la muerte de dos personas en un accidente de rafting que se presentó el 20 de octubre anterior en el río Naranjo, en Naranjito de Londres de Quepos, Puntarenas.

La Fiscalía de Quepos y Parrita informó de que este jueves le tomaron la declaración indagatoria al hombre y además, el Juzgado Penal le impuso impedimento de salida de Costa Rica y la obligación de firmar una vez al mes. Asimismo, el sujeto tuvo que entregar su pasaporte.

Pessoa, de 43 años, figura como sospechoso de dos delitos de homicidio culposo en perjuicio de los estadounidenses Andrés Denis y Jorge Caso.

El Ministerio Público explicó que de momento él es el único investigado por los hechos y que hasta ahora no es posible atribuirle el deceso de Ernesto Sierra y Sergio Lorenzo, quienes también perecieron en el siniestro.

“Hasta este momento de la investigación, no es posible atribuir a Pessoa los otros homicidios culposos, puesto que en la embarcación donde viajaban otros dos turistas, también viajaba el guía del tour aparentemente responsable de los delitos culposos; sin embargo, esta persona falleció”, precisó la Fiscalía ante consulta de La Nación.

El fallecido al que hace referencia el ente acusador del Estado es el costarricense Kevin Thompson Reid, 45 años, quien trabajaba para la empresa Quepoa Expeditions y viajaba como guía el día de los hechos, pese a no estar registrado ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Según el Reglamento para la Operación de Actividades de Turismo de Aventura, las compañías turísticas están obligadas a contar con guías acreditados para poder operar y, de incumplir esta norma, quedan sujetas al artículo 355 de la Ley General de Salud, lo que podría implicar el cierre del establecimiento y la cancelación de sus permisos.

Los hechos

El pasado 20 de octubre, a las 11 a. m., un guía recogió a los turistas en una buseta, aparentemente contratada por una operadora de tours, y los llevó a la zona de Londres de Quepos.

A las 3 p. m. salieron de un embarcadero de balsas para practicar rafting y, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), después de la segunda vuelta en el río Naranjo se volcaron las tres balsas.

Los extranjeros fallecidos tenían entre 25 y 35 años y llegaron a Costa Rica el 18 de octubre junto con otras personas para celebrar una despedida de soltero.

El día de los hechos, algunos sobrevivieron aferrándose a las embarcaciones y otros recibieron asistencia de un guía que los seguía en kayak.

Los cuerpos de los fallecidos fueron rescatados entre las 5 p. m. y las 8 p. m. de ese sábado y de acuerdo con las autoridades, en esa labor ayudaron cuerpos de rescate y operadores de rafting de la zona.

En busca de respuestas

El miércoles anterior, Javier Caso y Ernesto Sierra, padres de dos de los fallecidos, detallaron a este medio que han hecho tres viajes a Costa Rica en busca de respuestas por lo ocurrido y que lo único que quieren ahora es evitar que este tipo de percance se repita.

“Queremos justicia, queremos que todos los responsables de la muerte de cinco personas sean llevados a los tribunales y que ahí se decida si son culpables o no.

“Cuando nosotros llegamos a Costa Rica, después de que nos informaron de lo ocurrido, nos dimos cuenta que no fue un accidente, sino un acto criminal que definitivamente pudo ser evitado”, precisó Caso.

Agregó que que el periodo de duelo lo han “quemado” tratando de exigir a las autoridades costarricenses respuestas ante lo sucedido y recalca que su intención y la de los otros padres de las víctimas mortales es que emergencias de este tipo no se repitan.

El hombre detalló que luego de varios intentos para conversar con representantes del Ministerio de Turismo, de Salud y de la Cámara Nacional de Turismo, obtuvieron algunas respuestas; sin embargo, estas no llenan las expectativas que tenían, ya que considera que el primer paso es que el Gobierno reconozca que “hay serios problemas en la fiscalización de las actividades de turismo de aventura” y que eso debe corregirse.

Sierra, por su parte, contó que Ernesto era hijo único y que tanto su vida como la de su esposa giraban en torno de él, por lo que no descansará hasta encontrar justicia.

Aseveró que el país no puede promover un turismo ecológico y sostenible si no cuida al ser humano y que eso no ha sido entendido por los jerarcas locales.

“Mi hijo está muerto por un miserable dinero, por una despreciable actitud de un grupo de ejecutivos (...). Yo no voy a tener un solo día de felicidad que sea igual que los 25 años que viví con mi hijo y eso se lo debo a la actitud criminal de un grupo de individuos y al vacío de poder y autoridad de un Gobierno”, afirmó.

El presidente Carlos Alvarado expresó el jueves en conferencia de prensa que se solidariza con las familias de las víctimas mortales del percance y dijo que el Poder Ejecutivo ayudará en todo lo necesario al Judicial para sentar responsabilidades por lo sucedido.

“Lo que pasó es algo que como país nos duele y nos inquieta, por lo que trabajamos para resolver este tipo de situaciones dentro de nuestra competencia. El Ejecutivo ha actuado en lo que le corresponde, revisando protocolos en materia turística”, afirmó el mandatario.

Por otra parte, un día después del siniestro, el domingo 21 de octubre, la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, dijo que no se explicaba cómo los guías que dirigían el tour de rafting tomaron la “desafortunada” decisión de recorrer el río en las condiciones en que estaba.

“Las empresas de rafting son sumamente serias, tienen muchos años de recorrer los ríos en el país. Sabemos la calidad de los guías y la calidad de la empresas y lo que nos llama la atención y, sobre lo cual sí tenemos información, es que los guías sí eran experimentados, al menos uno había trabajado con otras empresas de mucho renombre en el país.

"No entendemos cómo entraron al río cuando estaban en esas condiciones de que podían llenarse o haber lluvias en las montañas, condiciones sobre las cuales la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) nos tuvo totalmente informados”, manifestó la funcionaria en aquel momento.

Ese mismo día, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la empresa Quepoa Expeditions para investigar el papel de la tour-operadora en el suceso.

Colaboró el periodista Josué Bravo.