Entre los funcionarios judiciales que reportan mayor cantidad de días de incapacidad en los últimos siete años, se encuentra un grupo de 29 jueces.
Estos servidores tienen entre 877 y 309 días de ausencias por enfermedad.
La lista la encabeza la exfiscala y actual jueza Silvia Hernández Soto, de 47 años de edad.
Consultada tras un juicio en los Tribunales de Grecia, explicó que es sobreviviente a un cáncer.
“Fue entre el 2007 y el 2010. Yo estoy viva porque Dios quiso”, indicó Hernández.
La jueza detalló que se trató de un linfoma que le afectó los ojos.
Actualmente, dijo, se encuentra trabajando; pero asiste a revisiones periódicas.
“Cada tres o cuatro meses tengo TAC (tomografía axial computarizada), prueba de sangre... En noviembre tengo exámenes”, contó la empleada judicial.
“Mi caso fue visto por la Medicatura Forense, como todos los que llegan a cierta cantidad de días y se cree que es vagabundería”, señaló.
La servidora judicial especificó que, cuando se reincorporó a sus labores, los médicos indicaron que no podía regresar al Ministerio Público “porque el trabajo es muy duro. Entonces, apliqué los exámenes de la Judicatura”, relató.
Cargas. De acuerdo con el estudio sobre incapacidades que conoció la Corte, 14% de las licencias se tramitan por trastornos mentales y problemas en el sistema nervioso.
Entre estos casos, se ubica el del juez supernumerario Luis Rodrigo Campos, de 40 años de edad, quien la semana anterior se encontraba laborando en los tribunales de Heredia.
El jurista registra 805 días de permiso por enfermedad. Él explicó que utilizó gran parte de ellos para recuperarse de una operación de hernia discal.
“Posterior a eso, la gran cantidad fue por estrés laboral. Nosotros como jueces manejamos un ritmo de presión alto. Además, somos administradores de justicia y nos mandan a administrar recurso humano, personal, entonces se dan situaciones (...) dos veces me acusaron por acoso laboral, las dos veces he sido absuelto, pero generas una apatía y hasta depresión”, narró.
Campos agregó que, debido a procesos en su contra, no puede ocupar todavía su oficina, en el Juzgado Contravencional de San Joaquín de Heredia.
Una situación similar en su estado emocional sufre la fiscala Sandra Castro, quien ha pedido en varias ocasiones que la pensionen, pero no le ha sido aprobada la jubilación.
De acuerdo con el Código Procesal Penal, cuando se esté realizando un juicio y un juez tome una licencia por más de 10 días, deberá anularse el proceso.