La cárcel de Huntsville es la más antigua del estado de Texas. Ahí se ha ajusticiado a 13 extranjeros desde marzo de 1993; el nicaragüense Bernardo Tercero habría sido el número 14. Otros 21 foráneos aguardan en el corredor de la muerte en el mismo estado, con fechas de ejecución pendientes para los próximos meses.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reinstauró la pena de muerte en 1977, 31 extranjeros han sido ejecutados en el país.
En Estados Unidos cada caso en que se solicita el castigo capital tiene un costo de $1,26 millones para el Estado. La solicitud solo es viable en ciertos estados, y está restringida a los delitos comunes extremadamente graves, sobre todo de sangre.
El pasado miércoles se suspendió la ejecución del nicaragüense que está acusado de un asesinato en una lavandería en 1997.
Su defensa solicitó un nuevo proceso judicial después de que la testigo mexicana Sylvia Cotera aceptara haber dado en el año 2000 una declaración falsa. Además los abogados aducen que cuando Tercero cometió el crimen tenía 17 años y no 19, como se ha querido creer. Mientras exista una apelación por su caso, su muerte no puede hacerse efectiva.
Texas es el principal estado en aplicar la pena de muerte, con más de 500 ejecuciones desde 1982, lo que significa que sobrepasa el 40% de las ejecuciones a nivel nacional. No en vano el estado es conodico como “la máquina de matar”.
En Estados Unidos cada vez son más las farmacéuticas que deciden desmarcarse de la pena de muerte. El año pasado un privado de libertad tuvo 43 minutos de agonía luego de que se le inyectara midazolam en las venas, lo que generó un debate en torno a la legalidad de las inyecciones letales.
El acceso a los sedantes usados para las ejecuciones es cada vez más limitado; el principal de ellos, el pentobarbital, está en escasez grave. Este medicamento es el más empleado por las prisiones del país desde el 2009, pero este año la Asociación Americana de Farmacéuticas y la Academia Internacional de Farmacias Magistrales recomendó a sus afiliadas a no proveerlo más.
Para el Departamento de Justicia Criminal de Texas la falta de Pentobarbital parece no ser un problema pero a la ve es un secreto el lugar de donde lo han obtenido para las últimas ejecuciones.
Mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos llega a una resolución con respecto a las inyecciones, Oklahoma decidió renovar una cámara de gas, Tennessee desempolva la silla eléctrica y Utah discute sobre reinstaurar el pelotón de fusilamiento, pero solo Texas tiene ejecuciones programadas para los próximos meses.