Se suponía que era un día para celebrar. Los faroles estaban listos; solo faltaba prender las velas, cantar el himno y desfilar. Era el 173 aniversario de nuestra independencia, y nunca antes hubo algo que se pusiera por encima de esa fiesta... hasta 1994.
“Los problemas del Anglo venían desde hacía semanas, pero la decisión y el anuncio, a esa ahora, justo cuando se cantaba el himno, fue sorpresiva y dramática”, recuerda la periodista Irene Vizcaíno, quien participó en la cobertura de La Nación .
Con menos de seis meses como presidente de la república, José María Figueres tomó el micrófono, se dirigió a la cámara y mediante una cadena nacional de televisión anunció una medida que muchos temían pero pocos realmente creían posible: iba a cerrar el Banco Anglo.
“Hemos tenido que aceptar que es totalmente imposible que el Banco Anglo pueda capitalizarse por sus propios medios”, manifestó el presidente en cadena. “Es por esta razón que, con mucho dolor y resignación, el Consejo de Gobierno ha decidido enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para cerrarlo”.
Tres días antes, el editorial de La Nación recomendaba cerrar la institución, que estaba en el ojo público desde hace varios meses. Un día después del anuncio, en el espacio editorial, el periódico aplaudió la decisión que Figueres tomó con base en los resultados de una investigación que había comenzado a inicios de su gobierno.
“Nos parece de lo más acertado, en vista de las circunstancias que rodean a este penosísimo caso”, leía el editorial, antes de solicitarles a las autoridades que revelaran los nombres y cargos de los culpables del descalabro del Banco Anglo.
Los nombres llegarían luego y el proceso penal tomaría varios años; de hecho, la batalla legal que aconteció tras el cierre del banco sigue presente no solo en la actual campaña presidencial de Figueres (quien periódicamente debe responder diversos cuestionamientos de la ciudadanía) sino incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De vuelta al 14 de setiembre, Vizcaíno alega que no se olvidará de ese día “porque fue la guardia más acompañada que he tenido”. “A las 10 p. m. toda la redacción estaba ahí. Luego, cubrí más la detención, estancia en prisión y liberación de los directores del Anglo, la primera vez que gente de plata y prestigio caía en la Reforma”.
Primera tormenta
Los problemas financieros del Banco Anglo Costarricense se evidenciaron por primera vez en enero de 1994, cuando se reveló que los títulos de deuda externa venezolana adquiridos por la institución se habían desploma-do, lo que sin duda afectaría las finanzas del Anglo y, por ende, del sistema bancario.
La noticia obligó a muchas personas a sacar dinero de sus cuentas y a empezar a desconfiar del banco, el cual durante los años anteriores había lanzado una campaña de publicidad para mostrar su prosperidad y sus números positivos. El gerente general del Anglo era, desde 1991, Carlos Hernán Robles, quien siempre defendió la estabilidad de la institución.
Figueres asumió su presidencia (1994-1998) en mayo de 1994; rápidamente, fue informado de una serie de anomalías en las finanzas y las operaciones del banco. Quizá no se imaginaba, a comienzos de mayo, cuando arribó a Casa Presidencial, que esos datos pronto desenlazarían no solo en uno de los hechos más recordados de su gobierno, sino también en uno de los escándalos más grandes en la historia del país.
El Anglo no solo era el banco más antiguo de Costa Rica (fue fundado en 1863), sino que fue justamente su padre –José Figueres Ferrer– quien tomó la decisión de nacionalizar la banca nacional (en cuenta el Anglo) en 1949, por lo que tomar la decisión de siquiera investigar a un banco público rozaba ciertas fibras históricas.
Cuenta Figueres Olsen en el sitio web de su actual campaña política (para una eventual segunda presidencia) que no más entrando al gobierno recibió información sobre inversiones y negociaciones del Banco Anglo que podrían poner en jaque su capacidad financiera.
El 24 de mayo de 1994, una primera investigación reveló movimientos sospechosos en las arcas del banco, lo que levantó sospechas sobre numerosas transacciones irregulares e inversiones que pocos beneficios le traían al Anglo y al sistema bancario.
Tal investigación quedó en manos de Carlos Manuel Castillo, presidente del Banco Central, quien el primer viernes de junio anunció que su institución haría una intervención del Anglo para revisar todas las cuentas con lupa y entender por qué la situación financiera del mismo estaba tan en el suelo.
“El gerente daba unas cifras y el sindicato las cuestionaba”, recuerda Armando Mayorga, periodista que participó en la cobertura. El día en que se anunció la investigación, entrevistó al gerente Carlos Hernán Robles, quien defendió sus cifras, tranquilamente, en la mañana. En la tarde, el gobierno anunció la intervención.
“En la mañana, el gerente contentísimo y todo, y en la tarde comienzo a buscarlo a ver si me hablaba, y logramos que nos atendiera a las 6 p. m.”, recuerda Mayorga. “Me voy con el fotógrafo Mariano Matamoros y nos atiende Robles con el vicepresidente del Banco; comienzo a entrevistarlo y Robles fumaba un cigarro, sacaba otro, fumaba, a tal punto que el fotógrafo le tuvo que pedir que parara para poder tomarle una foto. Se le veía aterrorizado por la intervención”.
Gastos excesivos, problemas de registro y control interno, la compra de una empresa panameña llamada AVC Valores y los títulos de deuda venezolana fueron razones suficientes para mirar con lupa la operación del Anglo, y la intervención que arrancó en junio terminó confirmando que muchas de esas anomalías hacían imposible que el banco continuara existiendo, según la comisión investigadora.
Al final, el 14 de setiembre, a la hora de los faroles, el país entero tenía la quijada en el suelo por el anuncio del cierre del Banco. Algunos pensaban que se resolvería pronto todo y que el Anglo abriría nuevamente, cosa que nunca sucedió. Los principales directivos fueron condenados a prisión en 2012, y algunos de ellos han apelado sus condenas incluso en la Corte Interamericana de Justicia. Y hoy, 22 años después, el presidente que cerró la institución tiene las intenciones de gobernar el país nuevamente.