Apple vs. FBI: La patria o la privacidad

Apple y el FBI se enfrentan en un caso que sienta precedentes sobre el manejo de la privacidad en un mundo tecnológico. El FBI le exige a Apple que cree un software para hackear el teléfono de un terrorista, y la empresa se niega. En medio de diversos argumentos, se cierne una dualidad entre la privacidad y la seguridad.

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¿Dónde se traza la línea entre la responsabilidad civil de una empresa y su responsabilidad patriótica? Esa es la incógnita que genera la reciente disputa legal entre Apple y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en la que el ente gubernamental de seguridad exige a la compañía hacer algo que para ellos es inmoral.

En el marco de la investigación judicial del tiroteo en San Bernardino, en California, Estados Unidos, en diciembre de 2015 –en el que murieron 14 personas–, el FBI solicitó a Apple que desbloquease el iPhone 5c de Syed Rizwan Farook, uno de perpetradores del crimen. En palabras de los funcionarios, los datos a los que podrían accesar desde el celular de Farook son esenciales para el desarrollo del caso.

Defendiendo su posición bajo el argumento de que la empresa busca garantizar la protección de la seguridad e intimidad de sus clientes, Apple se negó a crear un soft-ware para accesar a la información del teléfono, el cual está bloqueado con un código de cuatro dígitos que en teoría sería fácil de hackear, a menos de que luego de los 10 intentos se borre toda la información debido a la herramienta Erase Data.

El discurso de Apple es que, si la compañía de tecnología desarrolla una herramienta con la que el organismo puede revisar el teléfono del terrorista, básicamente estaría creando una llave maestra para que el FBI y cualquier tercero accesen a información que –en teoría– es privada, no solo del terrorista, sino de cualquier otro ciudadano. Apple ha ayudado al FBI en otros casos, pero en este –específicamente– puso el puño sobre la mesa y se plantó en la negativa.

No obstante, el 16 de febrero, en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia, un magistrado ordenó a Apple crear un sistema que permita a los investigadores revisar toda la infor-mación guardada en el iPhone. Por su parte, la empresa afirmó que apelaría la decisión la siguiente semana.

“La petición sentaría un precedente legal que ayudaría a expandir los poderes del gobierno y nosotros simplemente no sabemos a dónde nos podría llevar eso”, dijo Apple en un comunicado. “¿Debería permitírsele al gobierno ordenarnos crear capacidades para propósitos de vigilancia, como grabar conversaciones o rastrear por locación? Eso sentaría un precedente muy peligroso”.

Juego de vigilancia

El FBI ha querido hackear celulares inteligentes desde hace varios años, y todas las compañías de tecnología móvil se han rehusado, básicamente por las mismas razones por las que Apple dio su negativa en esta situación.

La diferencia entre este y otros casos –al menos para el diálogo popular– es que se trata del celular de un terrorista, palabra que atañe gran importancia para ciudadanos estadounidenses. Cuando la conversación torna alrededor del terrorismo, el ambiente es delicado.

Edward Snowden –quien destapó las maniobras de vigilancia de las agencias gringas de inteligencia y fue tachado de traidor– apoya a Apple, diciendo que el FBI está creando “un mundo en el que los ciudadanos confían en Apple para que defiendan sus derechos, en lugar de ser al revés”. No obstante, según una encuesta del Centro de Investigación Pew, más del 50% de los estadounidenses apoya al FBI en la pugna.

Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, también apoyó a Apple, al igual que el Consejo de la Industria de Tecnología de Información, que representa a Dell, Google, Hewlett Packard, Microsoft y otras empresas. “Nos preocupan las implicaciones mayores de necesitar que las empresas de tecnología cooperen con los gobiernos para deshabilitar sus características de seguridad o introducir nuevas vulnerabilidades de seguridad”, dijo el Consejo.

En un artículo para el New York Times, el periodista Andrew Ross Sorkin se pregunta: “Aparte de la espesura de cuestiones legales planteadas por este caso, ¿Apple tiene la obligación moral de ayudar al gobierno a averiguar más sobre el ataque? ¿O tiene la obligación moral de proteger la privacidad de sus clientes?”.

Como dijo Snowden, se trata del caso judicial de tecnología más importante de la última década, y por lo tanto presenta una serie de preguntas que será mejor responder cuanto antes (la próxima audiencia del juicio será en marzo, pero Apple quiere llevar el caso al Congreso de Estados Unidos).

Por un lado, Apple busca proteger sus intereses y los de sus millones de clientes, y por otro lado, el FBI utiliza la propaganda anti-terrorista para buscar la aprobación de la ciudadanía. Pero el asunto de fondo va más allá de una lucha entre gigantes.

La problemática no desaparecerá a futuro, y en los últimos años, las compañías de tecnología –en lugar de ceder a las peticiones de las autoridades– han hecho sistemas de seguridad más robustos, para evitar que tanto los gobiernos como los ciudadanos y las mismas empresas espíen los dispositivos ajenos.

Política de empresa

Apple no es ningún santo y el FBI tampoco. La agencia de seguridad aseguró que su intención es utilizar la llave maestra de Apple en este caso en específico, pero James Comey –director del FBI– se desdijo el jueves, cuando respondió que no sabe si el uso de las herramientas acabarán después de este caso.

“No he pensado en eso. El FBI se enfoca en caso por caso”, dijo Comey, alimentando las preocupaciones de Apple. Lo que sí hizo bien el di-rector fue resumir este caso de la mejor manera posible, días atrás: Comey dijo que todo esto se revuelve alrededor de “la tensión entre dos valores que todos apreciamos: la privacidad y la seguridad”.

Tim Cook, presidente de Apple, siempre ha sido enfático en las responsabilidades sociales de su compañía y sus pares. “Nosotros creemos que una compañía que tiene valores y actúa conforme a ellos puede cambiar al mundo. Existe la oportunidad de hacer un trabajo imbuido de propósito moral”.

En ese sentido, más allá de cómo se resuelva este caso específico, es latente la necesidad de una comisión que estudie estos temas en Estados Unidos, y que concluya por formular una serie de guías para el manejo de datos privados en asuntos de seguridad por parte del gobierno, en las que se especifiquen las obligaciones de las empresas de tecnologías y los límites de agencias como el FBI, acostumbradas a vigilar y olvidar la privacidad.