“Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”. Así, directo y sin necesidad de mayores explicaciones, fue como en la Constitución Política de Costa Rica de 1949 se oficializó el mazazo con el que José Figueres Ferrer le puso fin a las fuerzas armadas en nuestro país.
El 1. ° de diciembre de 1948, el Cuartel Bellavista dejó de ser el centro de operaciones militares de San José para luego convertirse en espacio para la cultura: el Museo Nacional de Costa Rica. El golpe del mazo de Figueres a uno de los muros del edificio, para confirmar que en suelo tico no habría un soldado más, marcó un hito histórico, no solo en materia militar, sino también social, y cambió para siempre la percepción que tiene el mundo sobre nuestro país.
La Constitución sigue: “Solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”, reza el artículo 12 de nuestra Carta Magna.
La vigilancia del país recayó en la Guardia Civil. Algunos de los excombatientes del Ejército de Liberación Nacional fueron parte de este nuevo cuerpo policial, explica el Museo Nacional en una reseña histórica publicada en su sitio web.
Durante varias décadas las funciones policiales se dividieron entre el Ministerio de Seguridad Pública y el de Gobernación y Policía, hasta la creación de la Ley General de Policía, en 1994.
La decisión de abolir el ejército respondió a diversas razones, siendo la principal la búsqueda de paz después de la Guerra Civil de 1948. Además, se buscaba obtener el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos.
Pero la historia de esta determinación va más allá, suscitando preguntas sobre la seguridad del país en el contexto de un mundo en el que la mayoría de naciones sí tienen militares. En este trabajo recopilamos datos relevantes para comprender por qué Costa Rica es uno de los pocos países del mundo sin fuerzas armadas, los acuerdos que nos protegen y qué sucedería en caso de necesitar la defensa del territorio nacional.
Solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”
— Artículo 12 de la Constitución Política de Costa Rica
El declive del ejército de Costa Rica
En el Código Militar de 1871, que se emitió durante el gobierno de Tomás Guardia Gutiérrez, se marcaron los primeros pasos en la institucionalización del ejército costarricense. Sin embargo, a partir de 1921, el presupuesto nacional fue orientado más hacia educación y salud, debilitando la institución militar.
El golpe de Estado de Federico Tinoco a Alfredo González Flores en 1917 también impactó la militarización. Si bien hubo un fortaleciendo al ejército económicamente, este se vio afectado por la crisis de la Primera Guerra Mundial y conflictos internos de quienes se manifestaban en contra de la dictadura.
Según los historiadores del Museo Nacional, la Guerra de Coto contra Panamá, en 1921, fue otro factor que influyó en el camino hacia la desaparición del ejército tico.
“Cuando algunos militares de nuestro país trataron de retomar el control del lugar (río Coto, en suelo nacional), murieron varios costarricenses. Lo anterior, aumentó el traslado de tropas de Costa Rica hacia Panamá, pero el gobierno de Estados Unidos intermedió y cesaron las hostilidades bajo la premisa de que se respetarían los derechos costarricenses en la zona limítrofe. Esta intervención estadounidense influyó en que el perfil del ejército nacional decayera en sus funciones de defensa del territorio”, afirma su investigación.
Sobre esta situación en específico se refirió Álvaro Ramos, exministro de Seguridad. El especialista comentó que después de la dictadura los Tinoco y la Guerra de Coto, el presidente Julio Acosta García decidió cambiar el Ministerio de Guerra y Marina al Ministerio de Seguridad Pública.
“Esto cambió la connotación política hacia lo interno. La intención era que no se repitiera nunca más lo de la dictadura”, manifestó Ramos.
En el camino, nuestro país no estuvo ajeno a enfrentamientos armados. En 1932 se dio el Bellavistazo, cuando seguidores de Manuel Castro Quesada no aceptaron el resultado de las elecciones que ganó Ricardo Jiménez y buscaron tomar por la fuerza el poder atricherándose en el Cuartel Bellavista.
El artículo 147 de la Constitución afirma que el Consejo de Gobierno tiene entre sus funciones la de solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz.
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“En este caso, don Ricardo tomó medidas importantes en el escalafón militar. Hizo cambios de jefaturas en el ejército y la policía. Eso fue fundamental”, agregó Ramos.
Años más tarde, el ejército no contaba con una adecuada organización y sufría de deficiencias económicas, lo que impulsó aún más su ocaso.
La Guerra Civil fue el punto final de los militares ticos. El enfrentamiento estalló el 12 de marzo de 1948 como consecuencia de las polémicas elecciones de febrero de ese año, en las que se anuló el triunfo del candidato Otilio Ulate Blanco por un supuesto fraude electoral apelado por Rafael Calderón Guardia, quien había sido presidente entre 1940 y 1944 y aducía la quema de papeletas presidenciales.
José Figueres Ferrer respaldó a Ulate y encabezó al Ejército de Liberación Nacional en el conflicto contra las fuerzas del gobierno de Teodoro Picado, pero, principalmente, afines a Calderón Guardia. La guerra se prolongó por cinco semanas y concluyó el 14 de abril de 1948. Más de 2.000 personas fallecieron.
Al término de los combates, Figueres asumió el mando del país gracias al pacto Ulate-Figueres, que estableció la Junta Fundadora de la Segunda República.
De acuerdo con Ramos, la decisión de abolir del ejército fue tomada por la Junta de Gobierno por instancias del ministro de Seguridad, Édgar Cardona, quien propuso la eliminación de la institución; luego Figueres la proyectó políticamente.
El mazazo fue el 1. ° de diciembre del 48, pero fue hasta el 7 de noviembre de 1949 que quedó en firme la decisión, cuando la abolición se incluyó en la Constitución Política. Antes de ese día hubo un intento de golpe de Estado conocido como El Cardonazo, en el que irónicamente fue Édgar Cardona quien se levantó en armas debido a una disconformidad con el Ejército de Liberación Nacional.
“El golpe fundamental se dio en la Constitución gracias a tres distinguidos constituyentes: Fernando Baudrit, Rodrigo Facio y Fernando Lara Bustamante. Los tres se aliaron para redactar los artículos que fueron aprobados dada las brillantes ideas”, agregó Ramos.
1955 y 1965: Costa Rica empuña de nuevo las armas
Después de la abolición del ejército en 1948, Costa Rica enfrentó dos conflictos armados.
La primera de ellas ocurrió en enero de 1955, cuando se produjo un intento de invasión desde Nicaragua con el objetivo de derrocar al gobierno de Figueres Ferrer. Calderón Guardia lideró el ataque con el respaldo de sus seguidores y de los dictadores Anastasio Somoza (Nicaragua), Marcos Pérez (Venezuela) y Rafael Leónidas Trujillo (República Dominicana).
Situación de los ejércitos en los países vecinos
Esta lista está basada en el ranking 2023 del Índice Global Firepower, que es un sistema que analiza cada año las fuerzas armadas de los países por la cantidad y variedad de equipos que poseen, las tropas, los recursos y las alianzas.
Nicaragua (posición 117 en el listado)
Guatemala (posición 102 en el listado)
Honduras (posición 92 en el listado)
El Salvador (posición 127 en el listado)
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La lucha se libró en varios frentes, incluyendo Ciudad Quesada, La Cruz, Puerto Soley y Santa Rosa, en Guanacaste.
Aunque el gobierno carecía de capacidad bélica, muchos de los excombatientes del 48 volvieron a ponerse a la disposición de Figueres y se contó con la ayuda de Estados Unidos en la defensa, logrando la victoria en el conflicto que duró una semana.
La última intervención de Costa Rica en un evento armado fue de carácter internacional. En 1965, el país envió un contingente de policías como parte de la Fuerza Interamericana de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a República Dominicana, durante la ocupación estadounidense de esa nación caribeña.
En esa ocasión, según explicó Ramos, Costa Rica envió a miembros de la Fuerza Pública para que colaboraran en temas de seguridad interna, no militar. “Estuvieron en Santo Domingo y desempeñaron funciones como la distribución del tránsito”, recordó el experto.
El caso de isla Calero y el apoyo internacional
De acuerdo con Ramos, no existen posibilidades de que nuestro país sea víctima de un ataque militar, ya que, geopolíticamente hablando, tenemos ventajas tanto en nuestras fronteras terrestres como marítimas gracias a acuerdos internacionales.
En el caso del sur, Panamá tampoco cuenta con un ejército (fue abolido en 1990) por lo cual, la nuestra es la única frontera no militarizada del mundo. En cuanto a los límites marítimos sureños, compartimos fronteras con Colombia, Panamá y Ecuador, y no hay conflictos con esos países debido a que se respetan los acuerdos establecidos.
En el caso del norte, con Nicaragua sí se han dado varias disputas territoriales, siendo el caso más reciente el de isla Calero (2010-2015), que fue, según Ramos, un problema específicamente de orden fronterizo, que sí fue grave y serio, pero que al final no fue propiamente militar. Ese conflicto se resolvió en instancias internacionales gracias a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que dictaminó la soberanía de Costa Rica sobre el territorio que estaba en disputa.
La expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014) rememoró este pasaje de la historia nacional, ya que ella fue protagonista fundamental del trámite diplomático para resolver la situación.
Chinchilla explicó que cuando se dio la invasión nicaragüense a territorio tico, primero costó mucho constatar que realmente se trataba de un riesgo a la soberanía del país. Cuando se logró confirmar la situación, el gobierno recurrió en primera instancia a una conversación con sus pares nicaragüenses.
“Hubo todo un proceso; primero había que esclarecer los hechos, para lo cual establecimos conversaciones urgentes primero a nivel de Cancillería (...) Después llevamos el caso a la OEA”, recapituló la exmandataria.
La segunda etapa, que se trabajó en paralelo al trámite con la OEA, se llevó a cabo mediante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El proceso de defensa, explicó Chinchilla, fue lógico por parte de Costa Rica. “No fue una reacción armada, no les tocamos un solo hombre porque no teníamos capacidad para hacer eso. Todo lo arreglamos por la vía del derecho internacional”, afirmó.
Para Chinchilla, el fallo a favor de Costa Rica benefició la imagen del país en el mundo, ya que durante el conflicto siempre se mantuvo apegado al derecho internacional. Incluso, a partir de esta resolución sobre Calero, el gobierno también logró definir los límites marítimos con Nicaragua, siempre por medio de una decisión diplomática.
En situaciones similares a la de isla Calero, si Costa Rica necesitara apoyo, lo recibiría de la comunidad internacional. Nuestro país es parte de varios tratados regionales que resguardan su seguridad a partir de la diplomacia, entre ellos, la Carta de la OEA, que dice en su artículo 27 que “un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos”.
Además, el país es miembro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual puede activarse en caso de invasión extranjera. En sus artículos 2 y 3, el documento afirma que las partes se comprometen a someter toda controversia a los métodos de solución pacífica y que en caso de un ataque armado por parte de cualquier Estado a un Estado Americano, será considerado un ataque contra todos los Estados Americanos, así que el resto de países miembros se comprometen a ayudar.
¿Puede volver Costa Rica a tener ejército?
Hay muy pocas posibilidades de que Costa Rica se vea envuelta en un conflicto militar de tipo regional o bilateral, explica Ramos. Según el exministro, el principal problema de seguridad nacional podría estar vinculado más bien a estructuras criminales como los carteles de tráfico internacional de drogas.
Ahora bien, el artículo 12 de nuestra Constitución Política afirma que se podrán organizar fuerzas militares por convenio continental o para la defensa nacional; sin embargo, esta es una idea muy lejana y prácticamente imposible de implementarse en caso de una emergencia.
Otras naciones sin fuerzas armadas o ejército
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Ramos afirmó que está en la redacción, pero que en la realidad no se puede aplicar porque, en caso de un llamado a las armas, no tenemos capacidad contra otros países. “No tenemos fuerza aérea, ni artillería, ni unidades blindadas. No tenemos inteligencia militar, ni comunicaciones encriptadas. Nuestro aporte sería nulo porque se tarda muchos años en formar unidades militares, aunque sean pequeñas”, aseveró.
El entrenamiento armado requiere de una guardia cívica o una reserva especial que esté preparada en cuestiones de seguridad pública, defensa y ofensiva, así como en temas de inteligencia y uso de las nuevas tecnologías; algo que Costa Rica no posee.
No obstante, en un ejemplo hipotético de que se necesite hacer un llamado a los ticos a empuñar las armas para defender nuestra soberanía, los encargados de hacerlo son los miembros del Consejo de Gobierno (Presidente y sus ministros).
El artículo 147 de la Constitución afirma que el Consejo de Gobierno tiene entre sus funciones la de solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz.
Por su parte, en su artículo 102, la Carta Magna toma en consideración qué pasaría si hay un reclutamiento militar durante elecciones en nuestro país. En ese supuesto, el Tribunal Supremo de Elecciones dictará las medidas adecuadas para que el reclutamiento no estorbe el proceso y que todos los ciudadanos puedan votar.
En este apartado también cabe destacar que, con respecto a guerras entre otras naciones, nuestro país es neutral. La ley 9288 establece que “Costa Rica es neutral ante todos los conflictos armados internacionales y ante todos los conflictos armados dentro de otros Estados, de conformidad con lo que disponen esta ley y el derecho internacional”.
La importancia de esa neutralidad ha sido ratificada por la Sala Constitucional para tomar en consideración en caso de conflictos internacionales. Ramos explicó que aquí se aplica a un concepto específicamente militar de no participar en coaliciones, pero que no es una neutralidad ideológica ni de visión del mundo (en temas de democracia, formas de gobierno o dictaduras, por ejemplo).
“Tenemos la obligación de estar en contra y proponer soluciones políticas”, agregó.
Ramos añadió que el país ha hecho aportes individuales de personas especializadas en mantener la paz en zonas conflictivas, como en Medio Oriente.
En perspectiva, Costa Rica es uno de los países en el mundo que promueve la resolución de problemas por la vía pacífica y diplomática, apegada a los acuerdos y el derecho internacional. No hay posibilidades de que en caso de riesgo a nuestra soberanía vayamos a vernos en un conflicto militar. La paz seguirá siendo la ley con la que nos regimos.