El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) pretende despejar cualquier duda que pueda existir sobre la liquidación del Mundial femenino Sub-17, por ende, analizará con lupa el expediente sobre el uso de los dineros otorgados por el Estado a la Federación Costarricense de Fútbol.
Aunque el jueves el Instituto solo solicitó a la Fedefútbol que entregara las facturas originales que justifican los gastos con fondos públicos, ahora estudiará a fondo el registro que recoge todos los documentos del proceso de contrataciones administrativas, que incluye las licitaciones.
“Tendremos acceso a todo el expediente de los ¢1.750 millones que le otorgó el Estado a la Federación, esto incluye todos los contratos y los documentos relacionados. Es más que todo para tranquilidad del pueblo costarricense”, dijo Alba Quesada, directora del ente gubernamental.
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Esto se da luego de la confesión de Eduardo Li ante el Departamento de Justicia de EE. UU., en la que aseguró haberse apropiado de $90.000 (¢50,4 millones) otorgados por FIFA para la justa, mediante facturas falsas.
Este estudio iniciará el próximo martes, luego de que la Federación cumpliera con el plazo de dos días que ordenó el Icoder para hacer entrega de lo requerido.
Sin embargo, el chequeo se efectuará en el Proyecto Gol, ya que accedió a una petición de los federativos para mantener el original en dicho lugar, ante la posibilidad de que ellos también efectúen una auditoría.
El trabajo de verificar todo el expediente estará a cargo del área de deporte competitivo y el departamento financiero del Instituto, que en conjunto determinarán si existe alguna anomalía y, de ser así, tomar medidas.
“Los expedientes ya están a disponibilidad de nosotros en la Federación. Vamos a revisar nuevamente todo lo que ya se había visto a raíz de lo que ha pasado en los últimos días y, de ser necesario, se presentaría la moción para solicitar la auditoría. Aquí lo importante es confrontar contra el original”, agregó Quesada.
La directora del ente fue enfática al señalar que buscan despejar cualquier duda y dejar en claro que con estos dineros no hubo anomalías.
Para ella, todo está en orden y así se evidenció en la primera revisión, aunque por transparencia prefieren hacerlo de nuevo.
“En ninguna parte se ha hablado de la liquidación de los fondos de Costa Rica. Lo más importante es que la gente vea que no tenemos nada que esconder. Hemos reiterado que la liquidación está debidamente aprobada con la normativa vigente de este país y con los reglamentos internos en esta materia”, concluyó.
Asambleístas de la Fedefútbol exigen respuesta inmediata del ente
Cinco asambleístas consultados por La Nación aseguran que le exigirán hoy al Comité Ejecutivo respuestas inmediatas, luego de que Eduardo Li confesó haberse apropiado de $90.000 (¢50,4 millones) del Mundial Femenino con facturas falsas.
Los representantes de equipos y ligas tendrán una reunión con Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), este sábado a las 9 a. m.
Juan Luis Artavia, jerarca de Pérez Zeledón, fue enfático en que quiere respuestas, pues ha notado contradicciones en el jerarca de la Federación.
"Lo que necesitamos es que se aclare todo lo que está sucediendo y lo que ha pasado, porque viendo lo que decía el presidente (Villalobos) que no firmó (documentos del Mundial Femenino 2014) y luego dijo que sí, son cosas que no cierran bien. Tenemos que escuchar para ver qué decisión tomamos en la próxima asamblea", declaró.
Aquiles Mata, vicepresidente de Alajuelense, dijo que una posible investigación debe hacerse con cuidado, pero no despacio.
"Tienen que haber plazos, pero no abusivos. El tema requiere resolución a corto plazo", dijo.
Uno que pidió acciones de una vez fue Mariano Jiménez, representante de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).
"Espero que se llegue a algo concreto y rápido. Necesitamos que Costa Rica tenga claridad, siento que se debe presentar una acusación penal y acción civil resarcitoria en contra de Eduardo Li y los que estén implicados. Me parece que el Ministerio Público es el órgano más competente para realizar una auditoría forense en estos casos", explicó.