Hace 35 años, en 1986, se reunieron los presidentes centroamericanos en Esquipulas, Guatemala. Contrario a lo que creen algunas personas, en esa oportunidad no se dio ningún paso concreto en relación con la tarea de disipar la violencia, extremismo e injerencia de las potencias que azotaban a varios países de la región.
Fue solo una reunión de recriminaciones y reclamos, en la que unos presidentes acusaban a otros de permitir que el territorio de su país fuera usado para organizar acciones en contra de otro, porque en esos días actuaban en El Salvador y Guatemala violentas guerrillas de extrema izquierda y en Nicaragua, la llamada Contra, que, con el apoyo de Estados Unidos, procuraba derrocar al régimen marxista de Daniel Ortega, respaldado por Cuba y la Unión Soviética.
En uno de los enfrentamientos verbales durante esa reunión, el presidente de Costa Rica Óscar Arias Sánchez le dijo demoledoramente a Ortega: «La diferencia entre usted y yo es que yo estoy preparado para entregar el poder al final de mi período, usted no».
Pasaron los meses y nada cambió. Siguió reinando la violencia, a pesar de las múltiples iniciativas diplomáticas formuladas años atrás para poner fin a la crisis, entre ellas, la del Grupo Contadora, que acumulaba reuniones y documentos sin ningún resultado concreto para acabar con la crisis.
Aquel nudo gordiano de guerra y de diplomacia infructuosa pudo al fin empezar a ser cortado en febrero de 1987, cuando el presidente Arias formuló una nueva propuesta, que presentó primero en San José a sus colegas de El Salvador, Guatemala y Honduras y, después, personalmente a Ortega en Managua.
La propuesta no solamente se dirigía a terminar los conflictos armados y la injerencia extrarregional, sino también a establecer compromisos concretos en cuanto a negociaciones entre gobiernos y guerrillas, reconciliación nacional, pluralismo político, libertad y democracia.
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Establecía un calendario para el cumplimiento de los compromisos y un sistema de verificación y seguimiento que impediría desnaturalizarlos o cumplirlos solo de modo aparente.
Al principio, la iniciativa fue recibida con recelo y desánimo, pero por una compleja serie de circunstancias, finalmente triunfó.
La acción diplomática de Costa Rica logró el apoyo de Europa occidental, de muchos países latinoamericanos y sectores políticos de Estados Unidos.
El mismo Ortega tuvo que reconocer que era la opción menos mala para su régimen, y en 1990 se arriesgó a ir a unas elecciones libres bajo el ojo vigilante de la comunidad internacional.
Contra las predicciones de sus allegados, lo derrotó de modo indiscutible Violeta Barrios de Chamorro, mujer que le dio a Nicaragua un gobierno de paz y libertad, y entregó el poder a su sucesor después de unos comicios en los que no hubo ninguna imposición gubernamental.
El Daniel Ortega del 2021 sigue padeciendo el mismo mal que le diagnosticó Óscar Arias en 1986. La mejoría en 1990 fue solo aparente y de conveniencia: no está preparado, ni aparentemente lo estará nunca para entregar el poder a quien el pueblo nicaragüense elija, con la ventaja de que, por diversas razones, los vigilantes observadores de antaño están viendo para otro lado, los intereses en juego son otros y para peores la pandemia entorpece o mitiga posibles acciones diplomáticas.
Duele profundamente ver al régimen orteguista detener arbitrariamente a Cristiana Chamorro o a Arturo Cruz, y espetarles cargos fantásticos para impedirles participar en las elecciones.
Se les inhabilita y se les da por culpables sin juicio, como se hará con todo posible rival, con el propósito de que no se ponga en peligro la continuidad de la dictadura, erigida ya, como en tiempos de los Somoza, en monarquía absoluta y familiar.
Triste manera de recordar el bicentenario de la independencia, con los nublados del día transformados en perennes tinieblas.
embajadorsancho@gmail.com
El autor es diplomático.