El 10 de agosto de 1628 la carabela Vasa inició su viaje inaugural saliendo de los muelles de Estocolmo, Suecia. Después de navegar 300 metros, se hundió y murieron 57 tripulantes. Tras permanecer 333 años bajo las aguas de la bahía de Estocolmo, los restos fueron recuperados y se le construyó un museo.
La investigación determinó que el rey Gustavo II Adolfo de Suecia ordenó que se construyera una batería de cañones encima de los originalmente diseñados y, lógicamente, ello cambió el eje de gravedad del barco y se produjo el naufragio.
He aquí un buen ejemplo de cómo, desde siempre, los políticos toman decisiones equivocadas por capricho, por inexperiencia o por vanidad. Luego, lamentablemente, ocurren desastres y siempre les echan la culpa a otros.
Todos vivimos en una nación, nombramos un administrador o capitán de navío para que nos lleve a buen puerto, es decir, para que nos conduzca por la senda del desarrollo individual y colectivo, al cual todos aspiramos.
Esperamos de él que tome las mejores decisiones para que los costarricenses vivamos cada día mejor y nuestro efímero paso por este mundo sea pleno en la búsqueda del bienestar y la felicidad de la cual habla la Constitución de Estados Unidos.
Otra realidad. Sin embargo, los políticos nos tiene acostumbrados a tomar decisiones equivocadas y nunca aparecen los responsables, a pesar de que el artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública establece que el jerarca es corresponsable por los daños causados por sus subalternos.
Algunos de naufragios son el caso Caja-Fischel, $32 millones; Alcatel, $60 millones; la trocha, $45 millones; Soresco, $50 millones; OAS o carretera a San Ramón, $32 millones; Yanber, $37 millones; cemento chino, $30 millones; Hidrotárcoles, $117 millones; Coopelesca, $35 millones.
Pero espere, aún hay más. Debe agregarse el “hueco” de ¢600.000 millones, la “pifia” de 80 metros en la vía al megapuerto de Moín, lo cual obliga a desembolsar $14 millones más por la obra; la “platina”, cuya reparación costó casi lo mismo que hacer el nuevo puente; y la carretera Sifón-Florencia, con solamente 29 kilómetros, lleva ya gastados $258,2 millones.
Son otras linduras de horror sin dejar de recordar otras históricas como Codesa y el Banco Anglo. Por cierto, al cerrar el Anglo y ahora Bancrédito, se cayó el mito de que los bancos del Estado nunca quiebran.
Dinero público. Bien lo decía Margaret Thatcher, no existen dineros públicos, sino dineros de todos los contribuyentes, y todos pagamos para que se nos brinden excelentes servicios de salud, educación, seguridad e infraestructura.
Si hiciéramos un estudio de costo-beneficio social de la gestión del gobierno, posiblemente llegaríamos a la conclusión de que no es necesario un Estado tan grande e ineficiente, que tiene, por ejemplo, cinco instituciones encargadas de vivienda y ninguna construye ni un galerón; 68 planes nacionales de combate a la pobreza y el porcentaje histórico del 20 % no baja; una refinadora de petróleo que no refina ni aceite para cocinar; unos bancos que se convirtieron en piñata de unos pocos porque sus empleados se recetan salarios más altos que el del presidente de Estados Unidos.
Si los bancos nacionales y la aseguradora del Estado fueran verdaderamente de todos los costarricenses, repartirían sus dividendos al final del año, como lo hacen solidariamente las cooperativas de ahorro y crédito con sus ganancias.
Los abusos, los despilfarros y los excesos de los grupos de poder nos tienen quebrados, a pesar de que algunas instituciones obtienen excedentes o superávits, además de jugosas y millonarias ganancias con sus operaciones, uno, como ciudadano común y corriente, seriamente se pregunta qué hacemos para que el Estado cumpla sus responsabilidades éticas.
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Hasta en el fútbol sucede este fenómeno, pues este debe ser el único país del mundo que despide a su técnico después de llevar al equipo nacional a cuartos de final del Mundial en Brasil y luego se aventura en el desarrollo una improvisada y mediocre conducción técnica en la más reciente Copa del Mundo.
Nuestro expresidente Juan Mora Porras decía que “los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos de su propio país”.
El autor es abogado.