El país debe acatar el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y levantar la medida contra la importación de aguacates Hass. El reloj está corriendo.
El panel determinó que las resoluciones del Servicio Fitosanitario del Estado son discriminatorias, contrarias al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
Según la OMC, existen distinciones arbitrarias o injustificables en la protección que Costa Rica consideró adecuada en su momento, que tiene como resultado una discriminación o una restricción encubierta del comercio internacional.
“Existe una discriminación de manera arbitraria o injustificable entre su propio territorio y el de México”, dice la resolución.
De no eliminar las medidas contrarias a los acuerdos de la OMC, México puede tomar acciones para contrarrestar el daño que le ha causado Costa Rica, por ejemplo, imponer aranceles sobre los productos que son exportados a su país, inclusive en sectores como el industrial.
Si lo anterior sucediera, Costa Rica sufriría graves consecuencias no solamente en su reputación, sino también en lo económico, aparte de lo que ya los consumidores hemos sufrido por tener que pagar un alto precio por los aguacates y por habernos privado de la posibilidad de comprar la variedad de la fruta mexicana.
Nuestro sector exportador corre el riesgo de resultar afectado y terminar pagando más aranceles de entrada a México por otros productos, como aceites de palma, dispositivos médicos, concentrados de bebidas y circuitos integrados.
Un decreto presidencial o una resolución del ministro de Agricultura bastarían para dejar sin efecto las medidas, basándose en el fallo del organismo internacional.
No se requiere una ley, solamente un pronunciamiento del Ejecutivo. Este es un problema muy serio, que precisa enfrentarlo con la solidez legal de un país respetuoso de las regulaciones internacionales.
Es urgente que el gobierno realice el análisis y comunique al Órgano de Solución de Controversias sin dilación que prontamente eliminará la medida, y, posteriormente, debe tomar acciones administrativas y judiciales en contra de los funcionarios responsables de la discriminación que acarreó gastos en trabajo, dinero y esfuerzo para defender al país ante la OMC.
Costa Rica es un país históricamente ejemplar en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el comercio internacional. Nuestra imagen y economía están en entredicho debido a la decisión que tomaron funcionarios, según confirma la resolución, sin sustento legal y técnico. Debemos hacer lo necesario para notificar sin demora que el país cumplirá el fallo.
La autora es abogada, directora de Comercio y Aduanas de la firma EY y profesora en la UCR.
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