No me estoy refiriendo a quienes incumplen con un horario o acostumbran llegar a destiempo a las reuniones, lo cual, además de una descortesía, es reprochable, sino al comportamiento de reaccionar o salir corriendo a resolver un problema cuando se está al límite de una situación, habiendo tenido la oportunidad de manejarlo con más calma, sin la presión del tiempo, para evitar que se agrave, cause tensión y eleve los costos.
El ejemplo más cercano lo encontramos en las recientes informaciones que anuncian el final del Parque de Tecnología Ambiental, en la Uruca, conocido como relleno sanitario de La Carpio.
Dependiendo de la gestión, las tensiones se elevarían entre las partes involucradas, comenzando por definir dónde se dispondrán los residuos tras el cierre, porque los cambios a los que como sociedad debemos aspirar para una real gestión integral de los residuos no se producirán de la noche a la mañana.
No es casualidad que los esfuerzos pasados para la instalación de rellenos en Santa Ana, Jateo de Mora y más recientemente en Turrúcares o Miramar hayan chocado con pared o enfrenten la oposición acérrima de la comunidad.
Tal resistencia no es para menos, porque han existido nebulosas vinculadas con el otorgamiento de permisos, inconsistencia con la planificación territorial o preocupaciones usualmente asociadas a los olores, impacto vial producido por la actividad, las toxinas o los lixiviados, lo mismo si se piensa en que una vez creado un relleno no se tiene una fecha de término definitiva.
La licencia ambiental dada al relleno de La Carpio en el año 2000 establecía una vida útil de diez años, pero fue extendida sin otras alternativas de solución.
¿Cómo llegamos a este punto si la ubicación del relleno de La Carpio no fue precisamente un proceso pacífico, si desde su origen ya se hablaba de la importancia del uso de nuevas tecnologías en el manejo de los residuos y el país cuenta con un marco normativo favorable para introducir cambios en la gestión de los residuos y reducir el impacto en su disposición final?
Es evidente que hemos avanzado de forma muy lenta en el proceso de cambio y, aunque resulte un contrasentido, una vez que entra en operación un nuevo relleno sanitario la presión por avanzar hacia nuevas formas para tratar los residuos se reduce sustantivamente, el tiempo sigue su marcha y la historia se repite.
Considerando que el relleno de La Carpio ha servido de alojamiento para los residuos de 10 cantones de la Gran Área Metropolitana y distintas empresas durante un largo período, debería significar para la comunidad, y cualquier otra que enfrente la misma situación, recibir una retribución social y económica, palpable al cabo de los años, como compensación por hospedar una actividad que incomoda, pero da tranquilidad a los demás.
En este punto de la historia, y a fin de aplacar las tensiones que podrían derivar de la disposición de los residuos sólidos, algunas lecciones del pasado alrededor de la instalación de rellenos sanitarios deberían ser obligatoriamente consideradas.
La actividad no debería desarrollarse sin participación ciudadana ni sin informar ampliamente a la población. La comunidad que reciba los desechos debe contar con un plan de compensación más allá del que realice la propia empresa encargada de la actividad, debe existir un estricto calendario para el cierre de operaciones, un rigoroso seguimiento y control de la actividad y evaluación por un tercero imparcial.
En paralelo, se necesita un cronograma con acciones e indicadores que permitan de una vez por todas cumplir con lo que desde 1973 la Ley General de Salud manda en cuanto a la separación de desechos, que fue renovado en la Ley de Gestión Integral de Residuos y, más recientemente, en una reforma del 2021, donde dice que es obligación de los consumidores agrupar los residuos desde la fuente, y las municipalidades, los productores o gestores autorizados deben facilitar los lugares para su depósito.
La obligación está, no es hora de repartir culpas por lo dejado de hacer, sino de trazar la ruta para que el cierre de un relleno sanitario deje de representar una crisis.
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El autor es politólogo, abogado y asesor en asuntos políticos, económicos y legales.