El filósofo Angelo Papacchini escribió que los derechos humanos son objeto de adhesión y respaldo en los últimos tiempos y es innegable que cada cual desde su trinchera apele a estos como recurso final, lo cual es políticamente correcto. El autor insinúa, no obstante, que puede ser utilizado fácilmente para blanquear conciencias y, en infinidad de casos, no pasa del discurso. Lo vemos en el trato que la comunidad internacional y los Estados dan al fenómeno de la migración.
El principio de dignidad humana se funda en que ninguna persona es intercambiable o negociable por su valor inherente, y ni se diga del evidente respeto por su condición humana. Pero, en la práctica, de forma más sutil, los migrantes son utilizados por los gobiernos, particular y más convenientemente cuando son migraciones forzosas, para amenazar, advertir, recibir concesiones o exigir intercambios.
La maleabilidad de los discursos políticos, que se ve reflejada en sus actos, oscila entre el posicionamiento a favor de los derechos humanos de los migrantes y la negociación para formular políticas que en sí violan los derechos de una población que es ya el eslabón más débil de la cadena.
La anulación de la personalidad detrás de cada migrante quedó patente, por ejemplo, cuando el Reino Unido pretendió enviar aviones con solicitantes de asilo a Ruanda —frenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— para deshacerse de la situación, o España al gestionar las denominadas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.
El gobierno de Joe Biden, acérrimo opositor de Nicolás Maduro, sorprendentemente, llegó a una negociación no revelada con este para reactivar las deportaciones masivas de migrantes venezolanos a su país de origen, de donde huyeron por la miseria o la persecución política.
En este acuerdo, los migrantes pasaron de ser sujetos de derechos humanos a fichas de cambio para otros beneficios, definitivamente ajenos a ellos.
No debe olvidarse que el presidente mexicano, Andrés M. López Obrador, alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para establecer un bloqueo con el fin de impedir el paso de los migrantes centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, mayormente del denominado triángulo norte, lo cual derivó en violencia contra familias, niños y mujeres; o el caso de Turquía, país donde su presidente, Recep Tayyip Erdogan, utiliza el cierre y apertura de la válvula migratoria para presionar a la Unión Europea por intereses políticos.
Las poblaciones migrantes son objeto del discurso de derechos humanos y no sujetos de estos. La retórica seductora que reivindica sus derechos queda en evidencia frente a actos concretos que sacan a relucir otros intereses, que denotan la poca preocupación real por las vivencias, peligros, dolor y sacrificios de quienes buscan mejorar su situación.
La migración internacional es, por definición, un asunto que compete a dos o más países, pero la presión de naciones poderosas obliga a que la gestión del fenómeno sea local, y, por tanto, simplemente, infructuosa.
Una verdadera gestión ordenada, humanitaria y respetuosa de los derechos debe darla la comunidad internacional con sus vastos recursos. El primer derecho violado de un migrante es a que las circunstancias de su país de origen no sean la razón para tener que irse de forma forzosa, y, por ende, la acción del entramado internacional no es solo de carácter humanitario, sino también político. Depende de activar mecanismos en conjunto para influir en los países cuyas condiciones presionan para tomar la decisión de migrar, más allá de facilitar transferencias financieras, las cuales en muchos casos no pasan de las manos de sus gobernantes.
De no gestionar cambios estructurales, las poblaciones migrantes —y sus derechos— seguirán siendo moneda de cambio en una perversa gestión internacional que se empeña en que su valor como personas caiga cada vez más.
josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr
El autor es politólogo, especialista en estudios avanzados en derechos humanos y profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR).