No pretendo ignorar el 61 % de cobertura del XI censo nacional de población y VII de vivienda realizados por el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Sin embargo, cabe aclarar algunos aspectos fundamentales relacionados con los procesos estadísticos para proveer información.
Para efectuar el censo, el INEC contrató a las personas y no recurrió a los maestros por varias razones. Coordinar con el Ministerio de Educación habría sido complicado, debido a los cambios en las fechas del censo. Además, según las mejores prácticas de la OCDE, el INEC debe garantizar el control total durante el proceso de recopilación de información y no depender de un apoyo externo.
Para ello, las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIS) recomendaron a los interesados en trabajar en el censo. La evaluación posterior determinará si fue una decisión acertada, pero implicó la coordinación de unas 14.000 personas, según información del INEC.
¿Por qué la cobertura fue del 61 %? La apatía o el temor de la gente para brindar información, posibles fallos de los contratados, la desconfianza de la población debida a fraudes y estafas, dificultades de horario o acceso a residenciales cerrados, entre otros factores, contribuyeron a un resultado inesperado para algunos en el ámbito de la estadística, pero no ajeno a la realidad mundial.
Asimismo, técnicamente, se puede partir de que un cuestionario autoadministrado tiene una tasa de respuesta esperada baja y posibilidad de errores.
¿Se debe culpar al INEC y su gestión de información? La posición del gobierno no es la más oportuna y es cómoda porque muestra ignorancia del complejo entramado que representa el sistema de estadística nacional.
Conforme a la Ley 9694, el INEC tiene independencia técnica para decidir sobre las metodologías que deben utilizarse en la producción y el legislador dejó claro que ninguna persona, ni institución pública o privada, puede intervenir u obstaculizar las funciones del coordinador del sistema de estadística nacional.
El INEC es la entidad encargada de medir oficialmente los indicadores desde hace muchos años. Por tanto, no es tan sencillo, como lo indican jerarcas del Poder Ejecutivo, al declararlo “técnica y metodológicamente un fracaso”.
Fracaso es no comprender el contexto actual y las limitaciones que enfrenta la institución en una coyuntura de estrechez fiscal en la presente administración y las precedentes para la gestión de información.
Temerario es emitir opiniones sin el conocimiento básico en la materia y obviar el impacto de dichas declaraciones en un ambiente en el cual se remite información oficial a entidades de las Naciones Unidas y la OCDE con el potencial daño a la imagen y tradición de estadísticas e información fiables que han caracterizado al país.
Es un quebranto de la normativa vigente que establece que nadie puede intervenir y mucho menos especular con una posible investigación porque puede abrir un portillo sin precedentes para el manoseo o injerencia en la construcción de información oficial.
¿Es útil el censo? Desde la perspectiva de la estadística, la información siempre es valiosa, según el contexto en que se utilice y el propósito para el que se emplee.
El INEC explicó la metodología de estimación de población y vivienda 2022 empleada para obtener los resultados, y los interesados pueden encontrarla en la página de la institución.
La información divulgada sirve de referencia para la toma de decisiones, es confiable y, como todo censo, puede contener errores o sesgos. Sin duda, servirá para formular políticas públicas, pero también requerirá ajustes y un análisis cuidadoso. Es decir, es la información oficial, y que hoy presente la cobertura indicada implicará tomar las previsiones técnicas para estimaciones siguiendo los lineamientos técnicos que defina el INEC. Nadie más.
Como mencioné, no pretendo ignorar los problemas que se presentaron. Hay innumerables preguntas sobre las fallas del proceso: ¿Por qué, si el censo era digital, tardaron casi ocho meses en obtener los datos?, ¿por qué las deficiencias no fueron comunicadas a tiempo a la ciudadanía?, ¿por qué algunos vecinos o familiares o distritos no fueron censados?, ¿qué medidas tomará el INEC para el acceso a la información pública?
Estas cuestiones fueron respondidas por el INEC, que debe asumir la responsabilidad de sus acciones y, principalmente, corregir para censos futuros. Es un trabajo conjunto que implicará recursos y en este aspecto el Poder Ejecutivo tiene un papel, no con especulaciones sobre investigaciones sin asidero legal.
No se trata de cuestionar la credibilidad de una de las instituciones estadísticas más prestigiosas en América Latina, sino de comunicar de manera asertiva qué podemos hacer con la información, que por cierto nos tomó 13 años obtener.
agustin.gomez@ucr.ac.cr
El autor es coordinador de la Unidad de Estadísticas del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.