La ruta sí existe. Se trata de documentos tangibles e incluye un plan con visión a largo plazo. No la inventó una persona, ni está en el imaginario de un funcionario, ni fue redactada en un fin de semana. Al menos desde finales del siglo XIX, comenzamos a edificarla y, de forma paulatina, la hemos adaptado a las circunstancias cambiantes de la sociedad.
La construcción de la ruta requirió una cimentación sólida que soportara las pesadas cargas que transitarían sobre ella, y que en ocasiones han intentado derribarla. La ruta para la educación costarricense está cimentada en nuestra Constitución Política (1949), esa que sí representa un proceso vivo y que establece que la educación es un proceso integral, correlacionado en sus diversos ciclos, y que desde preescolar y hasta el último año de colegio la educación es obligatoria, gratuita y costeada por la nación.
Cimientos que además obligan a los representantes de la ruta a garantizar su adecuado mantenimiento y financiamiento, no inferior al 8 % del PIB. Este cimiento soporta la carga de toda la ruta y ha logrado mantenerla estable, a pesar de los sismos que han caído sobre ella.
La estructura de la construcción fue cuidadosamente diseñada en capas. En la más profunda de estas, el Código de Educación, primero (1944), y la Ley Fundamental de Educación (1957), después, señala que la escuela costarricense deberá procurar el desarrollo intelectual, la transmisión de los conocimientos y técnicas, el desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social, entre otros fines.
Posteriormente, en 1994, el país colocó una capa base llamada Política Educativa hacia el Siglo XXI, la cual en sus principios básicos propugnaba fomentar el desarrollo integral del ser humano en un plano de igualdad de oportunidades, estableciendo una visión a largo plazo, con ideales de excelencia académica y pertinente con las demandas de la realidad nacional, de acuerdo con el Tercer Informe Estado de la Educación.
Estas capas inferiores revisten mucha importancia, dado que toman los acuerdos y las orientaciones de nuestro ordenamiento jurídico (Constitución Política y leyes vinculadas a la educación) y las materializan en una visión a largo plazo. Por esta razón, deben ser suficientemente sólidas y resistentes, para que trasciendan las inclemencias y los vaivenes de las distintas administraciones gubernamentales.
Nueva política educativa
De ahí que hayan pasado más de 20 años para que el país debiera revisar esta política educativa y, mediante un proceso de participación conjunta y activa con diversos actores de la sociedad, se decidiera sustituir la capa previa, y emitiera una nueva política educativa denominada La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad (2017), que antepone la calidad como principio nuclear que articula otros elementos, incluida la educación centrada en el estudiante, basada en los derechos humanos y deberes ciudadanos y, entre otros, la ciudadanía digital con equidad social, sin dejar de lado la evaluación transformadora para la toma de decisiones.
Esta política educativa antecede a una de las principales capas superiores, como lo es la Fundamentación Pedagógica para la Transformación Curricular (2015), que se convirtió en pilar teórico que dio sustento a las reformas de los programas y proyectos curriculares que se diseñan y ejecutan en el Ministerio de Educación Pública, y que ha permitido la actualización de más de 30 programas de estudio en la última década. Al igual que la política educativa, fue discutida y aprobada en el seno del Consejo Superior de Educación (CSE).
Otras políticas aprobadas por el CSE, como la Política Curricular Educar para una Nueva Ciudadanía, la Política Institucional en Tecnologías de la Información, la Política para el Aprovechamiento Educativo de las Tecnologías Digitales, entre otras, aportan y precisan los elementos necesarios para finalmente insertar la última capa de la ruta de la educación costarricense.
Esta última corresponde a la capa visible (similar a la asfáltica en las superficies de rodamiento), sobre la cual transitan los usuarios de la ruta (estudiantes, docentes, personal administrativo) y es la que usualmente requiere mejoras constantes para mantener la carretera en buen estado.
Ruta educativa a corto plazo
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) permea esta capa, y cada administración tiene la posibilidad de informar a la ciudadanía y a los entes fiscalizadores cuál será el camino particular y a corto plazo para por lo menos cumplir con dos objetivos: proponer acciones para la mejora continua de la ruta sobre la que transitan nuestros estudiantes y no dejar la ruta en peores condiciones de como fue recibida.
Todo gobierno, incluido el actual, revela lo que entenderá por su “ruta a corto plazo”, de acuerdo con las aspiraciones y metas establecidas en el PND. Cualquier otra acción que no se encuentre contenida en el Plan debe entenderse como no estratégica, dado que otro documento que modifique la “ruta” planteada en el PND, y sea distinto de una política debidamente aprobada por el Consejo Superior de Educación, no tendría vinculación con la normativa legal y administrativa (las capas de la ruta).
Por último, sobre la ruta también se observan elementos auxiliares que no forman parte de la estructura, pero que se necesitarán durante la vida útil de esta. Algunos son las auditorías y el control político que ejercen la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa para verificar el correcto funcionamiento de esta.
Asimismo, la evaluación integral de la ruta que realiza el Programa Estado de la Nación, y que nos permite identificar los tramos con mayores problemas y los sectores más desatendidos, y emite señales de alerta cuando los elementos estructurales de la ruta comienzan a falsear, como ocurrió con los últimos cuatro Informes Estado de la Educación, puesto que el estado presente de la ruta es la confluencia de la actuación del Estado en al menos las últimas dos décadas.
Desconocer estos hechos e intentar trazar un nuevo camino obviando los aspectos que el país ha considerado como fundamentales únicamente nos dejará una ruta desgastada y con fisuras profundas que costará mucho (tiempo y recursos) reparar.
Tomando prestadas las palabras de María Flórez-Estrada Pimentel, de su artículo “Una política educativa narcisista” (9/9/2023), “la administración se encarga de hacernos saber que, cuando así le conviene, los mandatos de la Constitución le son irrelevantes, de su irrespeto por las normas y las instituciones, de su desdén por el conocimiento técnicamente fundamentado y consensuado (”la Ruta me la inventé yo”) y de su desprecio por la experiencia acumulada (“nunca ha habido una ruta de la educación”), esa que, siempre perfectible, marcó una diferencia sustancial entre Costa Rica y muchas naciones de América Latina”.
Del estado de esta ruta de la educación dependerá en gran medida el futuro de las generaciones que asisten al sistema educativo y, por ende, del país.
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El autor es economista.