La corrupción es rampante. Costa Rica alcanzó un punto de inflexión y no soporta más la corrupción institucionalizada y normalizada que permea las estructuras del gobierno y la sociedad, desde lo que sucede en muchas municipalidades hasta las más altas esferas. El caso Cochinilla es la punta del iceberg. Hay excepciones, pero son básicamente eso, excepciones.
La corrupción no solo es una vergüenza nacional, sino también el más caro y catastrófico impuesto que pagamos, porque subasta el futuro del país al mejor postor.
Es indignante que suframos la pérdida de cifras astronómicas por dádivas, «favores sexuales» y los chorizos y salchichones de fin de año que desvergonzadamente se exigen con un vocabulario soez, y que a cambio recibamos obras caras, defectuosas, incompletas e interminables.
Esperar arrepentimiento o la devolución de los recursos por los funcionarios e instituciones corruptos es ilusorio. Lo que se requiere es justicia pronta y cumplida y que los casos no queden impunes luego de laberintos legales interminables y onerosos.
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Costa Rica se ha vanagloriado de ser una sociedad pacífica. Sin embargo, está claro que la corrupción es una forma soslayada y tenue de violencia. La corrupción roba el futuro a la juventud. Golpea a los más pobres. Nos convierte en ciudadanos de cuarta categoría. Nos castiga cuando exigimos acaloradamente nuestros derechos y protestamos no solamente por la corrupción, sino contra la incompetencia del Estado para aplicar las leyes.
El argumento «así no se resuelven las cosas aquí» nos obliga a aceptar la corrupción como parte de una normalidad violenta. El concepto de paz que tanto repetimos tiene que reexaminarse, porque una sociedad pacífica es fundamentalmente una sociedad justa, y una sociedad justa no admite normalizar la corrupción.
La inversión en ciencia, educación y bienestar social, que ha sido fundamental y es crítica para el futuro del país, se ve limitada por estructuras de corrupción.
Un porcentaje considerable de adultos jóvenes y mujeres no logran conseguir trabajo, pero funcionarios corruptos y sin preparación no tienen problemas para ocupar puestos estratégicos a los que han llegado por amiguismos y favores.
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Son cifras astronómicas que se transmutan en esos salchichones, chorizos y tortillas, aparentemente tan apetecidos. Un país fundamentalmente pobre, en vías de desarrollo, no puede permitirse perder miles de millones de colones en prebendas.
Estamos ante el examen de la capacidad del Estado costarricense de hacer cumplir las leyes y de evitar que este caso se convierta en una anécdota más en la larga lista de actos impunes.
Debemos dejar un mejor país, una sociedad justa, sostenible e inclusiva, que castigue enérgicamente a los corruptos. Los costarricenses de ahora y los que aún no han nacido nos lo exigen.
faetornis@yahoo.com
El autor es catedrático de la Universidad de Costa Rica.