Me producen estupor, desazón e impotencia las decisiones de la ministra de Salud, pues, contrario a lo que debería ser una buena gestión de salud pública, desalienta en la población la observancia de medidas básicas que tendrían un impacto mayúsculo en la reducción hospitalaria que estamos viviendo.
Pocos días después de que se alertara, en marzo del 2020, sobre el inicio de la pandemia de covid-19, aparecieron por doquier lavatorios en pulperías, panaderías, carnicerías, tiendas y centros comerciales. Lamentablemente, los lavamanos fueron desmantelados y son pocos los establecimientos donde los hay, y, si los tienen, ya no exigen el aseo antes de ingresar. Tampoco se pide ya el uso de alcohol en gel.
Este comportamiento de la población y en diversos establecimientos públicos y privados no es producto de la casualidad, ni del cansancio, sino de decisiones y declaraciones erráticas de la ministra de Salud, que pareciera creer que la pandemia llegó a su fin. Nada más alejado de la realidad. Es imperdonable que el Ministerio de Salud, como ente rector, aliente este tipo de actuaciones.
Al obstetra húngaro Ignaz Semmelweis le costó mucho probar, en 1847, que la falta del lavado de manos era la causa de un brote de fiebre puerperal en una maternidad de su país, pero hay que considerar que en aquella época aún se desconocía que los microbios eran los desencadenantes del proceso infeccioso que causaba estragos en esa maternidad.
Me acuerdo que, cerca del año 2000, la doctora María Luisa Ávila Agüero, infectóloga y exministra de Salud, comenzó la lucha para educar a la población escolar sobre la necesidad del lavado de manos.
Esta acción fue estimulada en el 2006 por la Dirección de Comunicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que lanzó, junto con empresas privadas, el programa Manitas Limpias, y se puso en ejecución una estrategia para visitar centenares de escuelas, colegios y hogares de ancianos con el fin transmitir el mensaje y la práctica del buen lavado de manos. No se puede echar por la borda tanto esfuerzo debido a razones que no poseen ningún sustento científico.
¿Cuánto costó en otros tiempos convencer a la población sobre la importancia de la vacunación, introducir algún esquema de obligatoriedad, elevar las coberturas y poner bajo control enfermedades como el sarampión, la rubéola, las paperas y la poliomielitis, que causaron dolor y muerte en el país?
Fueron muchos años de lucha de equipos profesionales conformados por médicos, enfermeros y comunicadores para que ahora la vacunación contra la covid-19 quede al arbitrio de la población y del movimiento antivacunas.
Es también lamentable ver cómo en buses, sitios cerrados, bancos, centros comerciales y entidades públicas y privadas ya nadie usa la mascarilla.
Si bien en relación con el uso de la mascarilla existen diversas posiciones, los salubristas y epidemiólogos debemos basarnos en las evidencias y en lo que señalan los análisis de entidades reconocidas. Por ejemplo, un estudio apoyado por los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos señala que el uso de las mascarillas protege al elevar la humedad del aire que inhalamos.
De acuerdo con la página del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Dr. Adriaan Bax y su equipo pusieron a prueba cuatro tipos comunes de mascarillas.
Los expertos probaron la N95, las quirúrgicas desechables de tres capas, las de algodón y poliéster de dos capas y las de algodón grueso. Las cuatro aumentaron la humedad del aire inhalado, pero en distintos rangos. A temperaturas más bajas, los efectos se incrementaron bastante.
Las de algodón grueso fueron las más eficaces, investigación que confirma la protección cuando se utilizan las mascarillas para no contagiar a las personas a nuestro alrededor ni a nosotros mismos.
No es posible que Joselyn Chacón, ministra de Salud, desoiga las voces de la ciencia: el Colegio de Médicos, la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias, especialistas en epidemiología, entre otros, que saben de la validez de ciertas medidas de salud pública para mantener bajo control las enfermedades que atacan a la población.
Una ministra de Salud debe tener autoridad suficiente para sobreponer los intereses sanitarios de la población; de lo contrario, no tiene cabida ni lugar en el puesto.
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La autora es salubrista y periodista.