Hay demasiados elementos desconcertantes detrás del actuar del Banco Central de Costa Rica. Primero, su repentina voracidad por datos personales sensibles para supuestos fines estadísticos, que los expertos han demostrado que no se justifica. A la fecha, sabemos que el BCCR obtuvo información individualizada de los asegurados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los contribuyentes a la Tributación Directa y los clientes de los principales bancos, con la honrosa excepción del Banco Nacional.
Segundo, llama la atención la inusual agresividad con la que las autoridades del BCCR procuran esta información. Cuando la superintendenta de entidades financieras se negó a entregar datos que considera confidenciales, la gerenta del Banco Central la demandó penalmente, mientras la Sugef esperaba el criterio de la Procuraduría General de la República sobre la legalidad de la solicitud.
La misma suerte corrió el gerente general del Banco Nacional. Las otras entidades financieras que cedieron a las exigencias del BCCR lo hicieron bajo amenaza de acciones legales. ¿En verdad la elaboración de estadísticas, dizque para entender los impactos crediticios del cambio climático, justifica andar demandando penalmente a jerarcas de otras entidades públicas?
También es muy llamativa la actitud desafiante del Banco Central a los cuestionamientos sobre su flamante misión fisgona. Aunque la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) ordenó que se suspendiera la entrega de datos sin anonimizar, el BCCR insiste en que nadie puede impedirle seguir pidiendo información.
Como han señalado distintas voces, la conjunción de estos factores constituye una amenaza mucho más grave al derecho a la intimidad y protección de datos personales de lo que fue la infame UPAD, rápidamente desmantelada una vez que la opinión pública conoció de su existencia. Por el contrario, el BCCR más bien redobló su apuesta por acceder a todo tipo de información individualizada.
El extraño actuar del BCCR da pie para temer que estamos ante la politización de la institución, y el silencio sepulcral de la Casa Presidencial con respecto al problema es ensordecedor.
Resulta irónico que tras las reformas de la Ley Orgánica del BCCR para fortalecer su independencia, en vísperas del ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tengamos indicios de que la institución se encuentra comprometida con el poder político como no se había visto en décadas.
Aquí corresponde un mea culpa. La institucionalidad del país —incluidos los partidos políticos de oposición— hemos reaccionado con lentitud contra esta amenaza cada vez más clara a los derechos de los costarricenses.
Hay que ir al meollo del problema, que es la interpretación abusiva del artículo 16 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN), que establece la obligación de todas las personas físicas y jurídicas e instituciones públicas a brindar la información requerida por las instituciones del SEN para fines estadísticos.
La elaboración de estadísticas —un ejercicio vital para la buena gobernanza— no requiere información personalizada, como la que ha venido recopilando el BCCR. Por eso presentaremos un proyecto de ley para delimitar mejor la naturaleza de los datos a los que pueden acceder las instituciones del SEN y garantizar que sean anonimizados y no haya violaciones a la privacidad de las personas.
El BCCR se ha extralimitado, y corresponde llamarlo al orden. La pérdida de credibilidad de la institución en los últimos meses es irreparable.
Juan Carlos Hidalgo es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Carlos Felipe García es subjefe de la fracción del PUSC.