La jerarquía de la Defensoría fue secuestrada. Sus funcionarios sufren una tensión institucional nunca antes vista.
Cada mañana, la Defensoría trabaja en presencia de una jerarca que irrespeta lo orgánico, y con ello no me refiero solamente a ejercer el poder en coordinación junto con distintas áreas, sino también con el resto del Estado.
Catalina Crespo tuvo la osadía de realizar mal llamadas investigaciones en campos donde no era competente. Hay acciones carentes de técnica y desconocimiento de elementos básicos del derecho. La jerarca dice y hace lo que la ley le ordena vigilar que otros no hagan.
La carta del 5 de agosto, firmada por el personal de la Defensoría, es un hecho más que abona al pedido con respeto, pero vehemente, de una urgente acción legislativa.
En el texto se solicita la apertura de la investigación para confirmar, o descartar, una serie de hechos que, ¡cuidado!, podrían estar cerca de considerarse delitos.
La última rabieta de Crespo, de reformar el Estatuto sin consultarlo eliminó de tajo competencias al Consejo de Directores que es en esencia, y debe seguir siendo, la instancia de consulta del jerarca de turno.
En una típica sacada de clavo, nuevamente mal asesorada, cree su proceder ajustado a la legalidad, pero no. Crespo, una vez más, dio ejemplo de no estar a la altura del cargo.
El Consejo. De ser una instancia que históricamente ha sido de gran ayuda para los defensores, nunca para restarle competencias, este pasó a ser nada.
Un centro de coordinación institucional, de deliberación de los estudios, de ayuda para definir prioridades de atención y de intercambio de información, es decir, de ser un espacio para que el jerarca se ayude a fin de ejercer un mejor gobierno, y una lógica de uso del poder horizontal, Crespo lo borra para, sin más, imponer por primera vez un orden vertical.
Mientras Costa Rica goza de una reputación internacional en ejecutar las mejores prácticas en el campo de la gobernanza pública, que depende de un funcionamiento institucional abierto, transparente, de jerarcas controlados y sometidos a consultas ad intra y ad extra de sus actuaciones, exigidos a dar cuentas ante sus colaboradores y la sociedad, Crespo actúa en sentido contrario.
Eso lleva a una seria disminución de capacidad para pedir a las entidades públicas cuentas. Si ella es ejemplo de todo lo que un jerarca público no debe hacer, no esperemos de los fiscalizados una conducta diferente.
Urgente. Los 57 diputados tienen un compromiso con los derechos humanos y bien hicieron en conformar la comisión investigadora de lo actuado por la defensora.
La tragedia que experimenta la Defensoría mina la tradición de una institucionalidad robusta en la defensa de los derechos de la gente.
Tal entidad con una jerarca sin credibilidad moral y acciones “técnicas” movidas más por vendettas refleja una grave forma de concebir el cargo.
Ello, a la vez, aumenta una zona de impunidad que más de uno desea tener, a partir de una funcionaria que no solo no predica con la palabra, sino que, además, con sus actos, es modelo de cómo desde ahí se irrespetan la Constitución y las leyes.
En la carta del 5 de agosto se informó a los diputados de que la reforma impuesta por Crespo contradice gravemente la esencia de la defensa de los derechos humanos y sus principios rectores, y promueve el análisis atomizado de esa defensa según el arbitrio de la jerarca. Asimismo, atenta contra la integralidad e indivisibilidad de los derechos fundamentales.
La Asamblea Legislativa debe separar a Crespo mientras se le investiga. La defensora adjunta sabrá, con sobrados atestados, asumir y empezar un proceso de reconstrucción en vista de tanto daño causado.
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El autor es consultor.