El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica solicitó a un grupo de profesores la presentación de criterios sobre el texto sustitutivo para la ley que convertiría la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas S. A. (Ecoena), cuyo fin sería, más allá de importar combustibles fósiles, la investigación y producción de energía química basada en otros sustratos.
Hace ya varios años, José León Desanti Montero, presidente de la institución en la segunda administración Arias, dio su visión para transformar Recope en una empresa estatal de energía química. La idea ha ido evolucionando a lo largo de los años, creo que sin dar mérito al proponente inicial.
El artículo 8 del texto legislativo crea el Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas para que Ecoena pueda hacer investigación y desarrollos tecnológicos en esta área temática, tanto por sus funcionarios como a través de alianzas con entes públicos o privados.
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El artículo requiere una enmienda en lo que respecta a la fuente de financiamiento. El texto actual indica que se asignará el equivalente al 0,10 % de las ventas brutas de Ecoena. Esto, por supuesto, implicaría un alza inmediata en los precios de los combustibles.
Lo correcto es indicar que el dinero sea el equivalente al 0,10 % de los excedentes de Ecoena. De esta manera no es el usuario quien pone la plata directamente.
El artículo 13 dice que los recursos que Ecoena destine a actividades dentro de una alianza «podrían» ser fiscalizados por la Contraloría General de la República. Lo correcto es que esos recursos «deben» ser fiscalizados por la Contraloría, pues se trata de fondos públicos.
Propiedad intelectual. En el artículo 14 se habla de la repartición de eventuales beneficios derivados de la propiedad intelectual, generados como producto del trabajo conjunto de Ecoena y los entes asociados para un proyecto específico.
Además, según el texto, la repartición de beneficios entre las partes estará en función de los aportes hechos por cada una de ellas. Es lógico, pero, en aras de la transparencia, es mejor agregar que se trata de los aportes intelectuales de cada miembro de la alianza. De esta manera se elimina la posibilidad de que se reclame como aportación significativa algo que no lo es para el proyecto.
De acuerdo con el artículo 23, el ente rector será el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en materia de empleo público, lo cual es compatible con la visión política actual del país, pero debe quedar bien claro que el ente rector de Ecoena será el Ministerio de Ambiente y Energía. La redacción de este artículo no es categórica en este sentido.
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Comentario adicional. Uno de mis profesores en la UCR de hace bastante tiempo usaba la expresión «doble chorro» para calificar situaciones que ayudan a acceder a beneficios estatales por medio de dos o más caminos legales simultáneos, según la conveniencia.
Si la pretensión es crear una agencia llamada Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, entonces, para evitar el doble chorro con respecto a energías químicas alternativas, es necesario que el Estado no duplique la fuente de recurso monetario y excluya a esta del espectro de actividades científicas que ya incluye el fondo de Ecoena.
Este tipo de disposiciones tan categóricas asustan en Costa Rica, pero, en realidad, se encuentra en las reglas para acceder a recursos del Fondo de Investigación del Petróleo de la Asociación Química de los Estados Unidos (ACS Petroleum Research Fund), que financia investigaciones relacionadas con energías químicas alternativas, tales como baterías, celdas de combustible y tecnologías de hidrógeno, entre otras.
Más que barreras al acceso de patrocinio científico y tecnológico está claro que se trata de la racionalización de recursos en el país más rico del mundo.
juliomata@ucr.ac.cr
El autor es catedrático Humboldt 2006 de la UCR.