La causa de la justicia penal internacional debería estar bien atendida por una institución como la Corte Penal Internacional (CPI).
Tras las catástrofes del siglo XX, el establecimiento de un tribunal penal internacional que hiciera rendir cuentas a los peores violadores de los derechos humanos fue un acontecimiento positivo. Como exdefensor de los habitantes me llama a reflexionar sobre el quehacer y lo que realmente el órgano ha tratado en estos años de existencia.
Todas las partes del Estatuto de Roma están de acuerdo con que una institución como la CPI debe existir y prosperar. Pero en los veinte años transcurridos desde que se estableció la Corte, muchos nos hemos sentido decepcionados. Hemos visto a la Corte convertirse en un órgano político, ahora notorio por su dudoso proceder y cuestionable gestión.
En una intervención ante la Asamblea de Estados de la CPI, Andrew Murdoch, representante del Reino Unido, declaró: «No podemos enterrar nuestras cabezas en la arena y fingir que todo está bien cuando no lo está. Las estadísticas son aleccionadoras. Después de [casi] 20 años y 1.500 millones de euros gastados, solo tenemos cinco condenas».
LEA MÁS: CPI allana camino para investigar posibles crímenes de guerra en territorios palestinos
La necesidad urgente de reformas fue objeto, además, de una amplia revisión de expertos independientes que se llevó a cabo el año pasado. Por otra parte, en los últimos años, la Corte se ha convertido cada vez más en un arma y es utilizada con fines políticos.
Esta susceptibilidad a la politización se ha visto ejemplificada de la forma más clara en la sentencia más reciente de la Sala de Cuestiones Preliminares en el caso palestino.
La Sala, por pedido de un Estado que no existe, dictaminó que la Corte tiene autoridad para investigar a una nación soberana que no es miembro del Estatuto de Roma. Se opusieron siete Estados parte.
En contra de sus principios. Cuando la CPI interviene en situaciones en las que carece manifiestamente del poder judicial para hacerlo, socava su carácter judicial y su integridad.
Ello, no solo la despoja de la fe que tenemos en la CPI como institución, sino también va en contra de los mismos principios para los que fue establecida.
Para que la CPI cumpla su mandato original se requieren reformas integrales. El camino distorsionado en el que actualmente se encuentra, se muestra claramente en su persecución de democracias como Estados Unidos e Israel, que tienen sistemas legales fuertes e independientes.
LEA MÁS: Corte Penal Internacional elige a un abogado británico como nuevo fiscal general
Las crecientes pruebas de ineficiencia, mala gestión y politización sin duda deben poner en duda la idoneidad y la integridad judicial de esta institución.
¿Acaso cree realmente la Corte que desplazar sus limitados recursos para examinar e investigar a Estados democráticos con sistemas jurídicos sólidos, en lugar de centrarse en Irak, Gaza o Afganistán, es coherente con la visión de la Corte? La comunidad internacional debe examinar a fondo estas cuestiones e iniciar el proceso de aplicación de las reformas que tanto necesita la CPI.
Los países democráticos que se han defendido contra la amenaza del terrorismo podrían despertar un día y descubrir que se han convertido en el último objetivo de la Corte. Esperemos que las reformas se aprueben antes de la llegada de ese día.
La última decisión de la CPI la convierte en una herramienta política, la desvía de su mandato original y socava los valores para los que fue creada. Sin embargo, aún no es demasiado tarde para cambiar el rumbo hacia el camino correcto, y la responsabilidad de hacerlo recae sobre los hombros de la fiscala, Fatou Bensouda.
josemnuelechandi@gmail.com
El autor es exdefensor de los habitantes.