Fijar mecanismos que limiten a las operadoras la posibilidad de invertir en dólares los fondos de pensiones, como pretende el Banco Central, atenta contra la rentabilidad del dinero de los trabajadores y su aspiración a una mejor pensión.
Es injusto endilgarles a los fondos de pensiones la responsabilidad de la tendencia al alza del tipo de cambio, sobre todo porque el mismo Central tiene claro que otras circunstancias han llevado a esta complicada situación; dígase el incremento del precio de las materias primas, las compras del sector público no bancario, factores estacionales y la no aprobación de empréstitos internacionales programados por el gobierno.
A todas luces, el aumento en el precio del dólar no es un efecto provocado en forma exclusiva por las operadoras de pensiones complementarias.
Si ha de señalarse un responsable de ello, es la política expansiva y contracíclica, que ha empujado las tasas de interés a la baja, mermando las posibilidades de un retorno atractivo y convirtiendo en castigo el premio por invertir en colones.
¿Cómo deben proceder los inversionistas al verse rebasados por paupérrimas tasas de interés locales y desmesurados niveles de inflación? Como es natural, buscan una mayor rentabilidad de los recursos administrados y colocan el dinero en otra moneda y en otros mercados.
Justo eso es lo que han tenido que hacer las operadoras de pensiones; ni más ni menos, pues su mandato es procurar pagar la mejor pensión a sus afiliados, con la mayor tasa de reemplazo posible.
Son más que sabidas las pobres alternativas de inversión que tienen las operadoras en el mercado local. En Costa Rica, el 90 % de las emisiones son del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.
Por ello, no son de recibo para las operadoras —representadas por la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP)— las afirmaciones del Central con respecto al alza en el tipo de cambio y sus intenciones de limitar las inversiones de dichas entidades administradoras.
Menos aún, cuando las cifras comprueban que las operadoras han logrado capitalizar adecuadamente los recursos de los afiliados mediante inversiones responsables ajustadas por riesgo.
Hoy, aproximadamente el 70 % del saldo acumulado en una cuenta individual de un trabajador corresponde a rendimientos y el 30 %, a aportes.
Solo teniendo acceso a las mejores opciones de inversión, de acuerdo con el apetito al riesgo de cada operadora y con la estrategia definida por estas en su estructura de gobierno corporativo, es posible obtener las mejores rentabilidades y diversificar el riesgo, para así pagar a los jubilados la mejor pensión con la mayor tasa de reemplazo.
El único camino para no mirar fuera de nuestras fronteras es lograr inversión de calidad en nuestro país, en obra pública, por medio de vehículos legales que permitan hacer transacciones en bolsa, de forma que sea posible diversificar los riesgos asociados a la concentración en el mercado local, condiciones que, reconoció el Banco Central, no existen en nuestro país.
Por todo lo anterior, reprobamos la intención de limitar las inversiones en dólares de los fondos de pensiones, especialmente en momentos cuando el desempleo, la informalidad y el envejecimiento condenan a una buena parte de las personas mayores a vivir en la pobreza durante la vejez.
Y, más aún, a sabiendas de la crisis que enfrenta el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Es cierto que de la crisis económica salimos juntos, pero no es leal sacrificar el beneficio de la mayoría, los más vulnerables, por la tranquilidad de unos pocos.
El autor es director ejecutivo de la ACOP.