El “exilio voluntario” del exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador suscitó un merecido rechazo en la Asamblea Legislativa y, a juzgar por las manifestaciones canalizadas por diversos medios, la desaprobación se extiende a amplios sectores de la población.
Un deber básico de quien incursiona en la función pública es responder por sus actos y enfrentar los cuestionamientos fundados. El presidente Rodrigo Chaves atribuyó a Amador responsabilidad política en una contratación a la medida de la Constructora Meco para ejecutar obras de reparación en el aeropuerto Daniel Oduber, de Liberia, valoradas en ¢21.800 millones. Según Chaves, el país perdió ¢1.000 millones debido a los términos de referencia firmados por Amador.
Al anunciar su precipitada salida del país, el exministro no dio explicaciones ni pruebas. Se limitó a negar los cargos y eso no satisface el deber de rendir cuentas. Amador no conversó con la prensa y no se tiene noticia de que lo haya hecho con el Ministerio Público. Se sabe, por la propia Fiscalía, que es objeto de investigación junto con el presidente de la República, la ministra de la Presidencia y el director de la Comisión Nacional de Emergencias.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial interceptaron a Amador en el aeropuerto Juan Santamaría para secuestrar documentos, su computadora, un reloj inteligente, un teléfono y dos llaves USB, además de revisar su equipaje, pero lo dejaron partir porque la Fiscalía no ha girado orden de detención. El “exilio voluntario” de Amador, también ciudadano canadiense, se convierte así en “voluntaria comparecencia” ante las autoridades nacionales que pudieran requerir su presencia. Esa es razón de más para dejar las cosas bien aclaradas antes de partir y para que la Fiscalía se lo exigiera.
Aparte de la somera negación de las responsabilidades atribuidas a él por el mandatario e investigadas por el Ministerio Público, Amador justificó su partida por la necesidad de ponerse fuera del alcance de los “tentáculos del mal”. También en ese caso quedó debiendo. Si los tentáculos existen, cuál es el pulpo y por qué temerle en un Estado de derecho donde la ley protege a los ciudadanos de las arbitrariedades.
Los abusos de esta administración, si a eso se refiere el exministro, quien atribuye su despido a motivaciones políticas, están demostrados y él figura entre quienes mejor los conocen. No obstante, dijo partir “tranquilo” después de haber dado “todo lo humanamente posible” por mejorar las condiciones en que él y el resto “tenemos que vivir”. A ese esfuerzo, evidentemente, le faltó un elemento: denunciar el mal de largos tentáculos y no abandonar a los costarricenses a su suerte mientras él cambia, gracias a Air Canada, las condiciones en que le toca vivir. Ese compromiso es particularmente grave en el caso de quien se promovía para una candidatura presidencial.
El exministro no encontró el valor para identificar al pulpo, y dejó en el ambiente la impresión de un país donde el mal impera al punto de obligar su salida al exilio. Los últimos exiliados costarricenses partieron después de la guerra civil de 1948 y regresaron poco después a vivir en paz con sus conciudadanos. Nuestro país concede, con orgullo, asilo y refugio a los exiliados de otras naciones y no necesita reciprocidad en esa materia.
Amador, aparte de una gestión mediocre, donde los puentes bailey se inauguraban como si fueran el Golden Gate y las obras menores se ejecutaban en frenético desorden para disimular el abandono de las mayores, quedó debiendo explicaciones. Ojalá esté dispuesto a darlas “voluntariamente” en el futuro.
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