Costa Rica atraviesa una situación que no recuerda nuestra historia, un peligroso proceso de descomposición social que se traduce en un crecimiento exponencial de la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.
La inseguridad dejó de ser una percepción ciudadana en las estadísticas y es ya una lamentable realidad.
Las cifras de homicidios este año, como es ampliamente divulgado, son las más altas de la historia. El sicariato crece día a día y las víctimas no solo son personas que forman parte de los grupos delictivos, sino también, en no pocas ocasiones, gente inocente, incluidos algunos niños.
Vemos con asombro y preocupación gatilleros, cobro de peajes en barrios tomados por el hampa, matones prestamistas, secuestros exprés y otras manifestaciones criminales que rápida y trágicamente toman fuerza.
La narcoactividad se convirtió en una opción de supervivencia y reafirmación para muchos adolescentes y jóvenes, a quienes estas organizaciones seducen o fuerzan a involucrarse. Menores de edad de familias sin capacidad y sin habilidades de protección y contención, inmersas en la pobreza y en comunidades vulnerables, ya empiezan a ver normal la delincuencia como forma de vida.
Costa Rica, sin tradición de escoltas o guardaespaldas, es testigo de cómo, cada vez más, empresas se ven obligadas a blindar y custodiar sus camiones repartidores para ingresar a determinadas comunidades.
Lo anterior tiene como trasfondo el crecimiento desmedido de la desigualdad y la pobreza. Vergonzosamente, somos uno de los países más desiguales de América Latina.
Tras la pandemia, el escenario es más desalentador. Aumentó el desempleo, la pobreza, la indigencia, y, como si la fragmentación social no fuera ya alarmante, el llamado “apagón educativo” afectó más a la población estudiantil del sector público, un baluarte cada vez más empobrecido y debilitado.
No es difícil anticipar el peligro que la vulnerabilidad y el riesgo social representan para la seguridad y la paz social si no actuamos de inmediato.
La respuesta del gobierno a la inseguridad ha sido muy débil y resulta válido que la oposición política efectúe las denuncias que correspondan. Sin embargo, los partidos políticos deben ir más allá de la denuncia y asumir con responsabilidad una actitud propositiva frente a la compleja situación que estamos viviendo.
El narcotráfico ha penetrado muchos territorios del país y hasta la institucionalidad. Costa Rica se cae a pedazos, y todos los actores políticos tienen el deber de proponer y apoyar medidas, leyes y acciones que ayuden a contrarrestar este momento tan oscuro.
Hay que dotar de mayores recursos a los cuerpos policiales, se requieren más policías en las fuerzas de seguridad, más tecnología para la vigilancia y seguimiento, más patrullas, mejor capacitación, estrategias logísticas y de inteligencia policial. De igual forma, hay que buscar mayor apoyo de la cooperación internacional.
Parte del esfuerzo debe incluir el fortalecimiento de las policías municipales, que en los cantones donde existen han demostrado ser un valioso complemento.
Es necesario ampliar el paquete de leyes que están en la Asamblea Legislativa para estos propósitos y ser más rigurosos en la legislación penal para que el Poder Judicial supere la impotencia frente al fenómeno de la delincuencia y el narcotráfico.
Sin embargo, nada será suficiente si no pensamos en un cambio en el modelo de desarrollo. Es urgente mejorar la distribución de la riqueza y fortalecer los programas sociales dirigidos a la población en pobreza y pobreza extrema.
La educación es cada vez más decadente, se necesitan reformas integrales que le otorguen prioridad nacional para que el sistema educativo vuelva a ser el principal instrumento de movilidad social.
La deserción escolar y el consumo de drogas deben reducirse, de ahí la necesidad de retomar con más fuerza programas como Avancemos, Aprendo a Valerme por Mí Mismo y otros que en el pasado demostraron eficacia.
El gobierno de la República, en conjunto con las municipalidades, debe invertir más en espacios recreativos, instalaciones y programas deportivos, así como en democratizar y mejorar el acceso al arte y la cultura, sobre todo pensando en la niñez y juventud.
En lo inmediato, lo más urgente es robustecer la capacidad operativa de los cuerpos policiales, porque la crisis de violencia y delincuencia debe ser enfrentada con una visión a largo plazo para lograr tener una sociedad más incluyente y proteger la democracia, la paz social, la seguridad y tranquilidad a la que hemos estado acostumbrados.
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El autor es alcalde de San José.