Recientemente, durante un viaje a California pude conocer People’s, en Santa Mónica, una de las populares tiendas donde es posible adquirir marihuana y sus derivados de forma lícita. Mi reacción fue de asombro, antes de probar algún producto de los que vendían.
Pastillas de CBD para controlar la ansiedad de las mascotas, aceites que ayudan a relajarse y dormir mejor o gomitas en forma de osito que ponen a cualquiera a conversar con pandas todo el fin de semana... La tienda tenía suplementos para facilitar el día a todos los miembros de la familia.
Nadie obliga a nadie a comprar nada, y los dependientes explican con detalle los efectos de cada producto. No aceptan tarjeta de crédito, pero con un cajero automático cerca nada interrumpe al comercio.
Comparemos esto con la experiencia de comprar marihuana en un lugar donde la venta no sea libre. Aquí, el producto se entrega en las sombras y sin instrucciones. No hay ninguna institución a la cual reclamar por la calidad de lo adquirido ni si resulta que fue alterado con fentanilo.
En este mercado, los que mandan están armados y que siga funcionando implica muerte e inseguridad para toda la comunidad, como lo comprueba la gran cantidad de homicidios diarios en Latinoamérica relacionados con el tráfico de drogas.
Si bien es cierto que el comercio de cannabis y sus derivados es cada vez más común en el mundo, aún quedan muchos productos por liberar. Latinoamérica es de las pocas regiones del mundo donde estas plantas crecen en su suelo y tienen gran demanda fuera de sus fronteras, pero los productos están prohibidos y quienes los mercadean son perseguidos y condenados.
Lo anterior conduce a un absurdo social, ya que sustancias como el alcohol, cuyo consumo en exceso es dañino, es de venta libre para los mayores de 18 años, aunque el abuso no es muy distinto de otras drogas que implican años de cárcel y estigmas sociales.
Las drogas y su consumo son parte de la convivencia humana desde tiempos prehistóricos y esto difícilmente va a cambiar.
Para muchos críticos de la legalización, la venta de estupefacientes sin pena significa que van a ser tan fáciles de comprar como una bebida carbonatada en un supermercado. No es así, creo que es más un caso de pánico moral que de realidad.
En los lugares donde la venta de marihuana recreativa está permitida, el consumo es limitado por edad y una parte de los impuestos que deben pagar es destinada a combatir el uso abusivo y a la atención médica de quienes por su situación personal desarrollan adicción.
Otros países utilizan parte del dinero en educar sobre drogas, lo que facilita que un tabú se visibilice y que quienes tengan interés en consumir un psicotrópico conozcan de forma transparente sus efectos y posibles riesgos.
De permitirse la venta de otras sustancias, como cocaína o LSD, es seguro que se pondrían restricciones, por ejemplo, quiénes pueden consumirlas, pero el cliente poseerá más información de la que actualmente recibe de su vendedor.
No sería raro que la marihuana se restringiera para personas mayores de 25 años, en vista de lo que demuestran los estudios acerca de los efectos en cerebros en desarrollo. Sería razonable pensar que el consumo de algunos productos también requieran la valoración de un médico o especialista que autorice si la persona es apta para consumir.
Indistintamente de cómo se decida regular la venta, la situación sería mejor que la actual, pues tratar de combatir las drogas solo genera gastos, quienes las utilizan no están claros sobre lo que consumen ni de sus efectos y ninguna parte del dinero que mueve ese gran mercado ayuda a mitigar los perjuicios que originan los actos de los adquirentes.
Es buen tiempo para aceptar que quienes consumen sin control alguna sustancia no son buenos o malos y tienen una enfermedad, que los que les venden lo hacen porque existe una demanda que ninguna guerra ha logrado eliminar y que sería mejor para la salud pública que los vendedores de tales productos paguen impuestos.
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El autor es abogado.
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